La información fue difundida por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, quien precisó que Bravo fue puesto a disposición de la justicia de Miami y que a través de la Cancillería la justicia argentina solicitó su extradición.

Bravo está sindicado como uno de los responsables de la matanza que ocurrió en la Base Almirante Zar el 22 de agosto de 1972, donde 16 prisioneros políticos fueron asesinados y otros tres sufrieron gravísimas heridas, tras lo cual se los hizo "desaparecer" durante la última dictadura militar.

Su detención había sido solicitada por el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, quien ya elevó a juicio la causa por el resto de los imputados.

Duhalde señaló que Bravo había salido del país en 1977 y se había radicado en los Estados Unidos, "donde poseía una firma que lleva sus iniciales, RGB Group Inc. ?que provee de servicios médicos a fuerzas militares y de seguridad norteamericanas?, y era dueño de propiedades en el estado de Florida".

El funcionario añadió: "El Estado argentino no escatimará fuerzas para que termine satisfactoriamente el proceso de extradición y ponga fin a la impunidad de la que Bravo goza desde hace casi 38 años".

En el lugar del fusilamiento, la instrucción judicial determinó la participación de seis cuadros de la Armada: Luis Emilio Sosa, el teniente Roberto Bravo, el capitán Emilio del Real, el capitán Herrera (fallecido), Carlos Amadeo Marandino y el cabo Marchand (fallecido).

De los mencionados, ninguno cumple prisión efectiva, salvo Bravo, que fue apresado ayer y sobre el cual se espera un largo proceso de extradición.

El secretario penal del juzgado federal, Gustavo Lleral, confirmó a Télam: "El último paso que habíamos dado para la detención del teniente Bravo fue en diciembre, cuando le remitimos a la justicia norteamericana las huellas dactilares del imputado que logramos a través de la Policía Federal".

"Era un requisito para acreditar la identidad que cumplimos enseguida, y eso nos dio la pauta que existía la voluntad de la justicia norteamericana de avanzar", indicó Lleral, quien está convencido de que los abogados defensores apelarán la medida y cuestionarán las actuaciones.