Una característica distintiva de los sistemas educativos en los países avanzados es la fuerte presencia de las orientaciones vocacionales dentro de la educación secundaria. Diferenciándose de las orientaciones generales que apuntan a preparar al estudiante para ingresar a la universidad, las orientaciones vocacionales son aquellas en las que se combinan materias de contenidos generales con otras de contenidos específicos. Es decir, se suministran conocimientos de aplicación directa en determinados tipos de empleos. En general, se entiende que una orientación es vocacional cuando más del 25% de los contenidos curriculares están dirigidos a dar formación para el trabajo. Los casos más exitosos son lo que contemplan esquemas “duales”, es decir, donde toda o parte de la formación específica es impartida en ámbitos productivos, por personal de la empresa formado y con experiencia directa en las destrezas ocupacionales que se imparten.

Datos de la OECD señalan que la educación vocacional es un componente muy importante dentro de la educación media de los países europeos. Sin embargo, la intensidad y el uso de esquemas duales varían considerablemente. En la publicación Education at a Glance 2008 se documenta que:

• En España y Grecia, el 43% y 34%, respectivamente, de los alumnos de secundaria acceden a orientaciones vocacionales, pero sólo el 5% y 15% de estos alumnos combinan clases en la escuela y en las empresas.

• En Austria y Alemania, el 78% y 59% acceden a orientaciones vocacionales y el 42% y 74% de estos alumnos combinan clases en la escuela y en las empresas.

• En Suiza y Dinamarca, el 64% y 48% acceden a orientaciones vocacionales y entre el 90% y 100% de estos alumnos combinan clases en la escuela y en las empresas.

Estos datos muestran que entre un tercio y tres cuartos de los alumnos se forman en la educación secundaria vocacional y que la aplicación de esquemas duales varía desde casos donde todos los alumnos son formados en las empresas a otros donde el esquema dual es de aplicación muy marginal. Los resultados también son muy diferentes. En España y Grecia las tasas de participación laboral de los jóvenes son de 52% y 30%, respectivamente, y las tasa de desempleo de 24% y 20%. En cambio, en Suiza y Dinamarca son de 67% y 74%, respectivamente, y en ambos países la desocupación juvenil es apenas del 7%.

En Argentina, sólo el 41% de los jóvenes menores de 25 participa en el mercado laboral de los cuales el 20% está desempleado. Más allá de las responsabilidades que tienen otros factores, como las reglas laborales que discriminan al empleo juvenil, un factor de fundamental importancia es que la educación secundaria en Argentina está organizada para que los jóvenes continúen estudios universitarios, pero no para su ingreso al mercado laboral. Prueba de ello es que son marginales las ofertas con orientación vocacional y casi nulas las que ofrecen la posibilidad de alternar formación general en la escuela con formación específica en las empresas. Es decir, la educación media está pensada para menos del 15% de los jóvenes que son los que llegan a obtener un título universitario. El resto, la gran mayoría, carga con la frustración de no alcanzar esta meta y con el enorme desafío de conseguir un empleo sin formación para el trabajo.

Esta realidad no va a cambiar aportando equipamiento y docentes para recuperar el modelo de las antiguas escuelas técnicas. Intentar simular un ámbito productivo dentro de la escuela es un camino que termina en dilapidación de recursos y nuevas frustraciones. El mejor ámbito para formar laboralmente a un joven son las empresas. Por eso, el eje central para transformar la educación secundaria es establecer una profunda y fluida articulación de las escuelas con el sistema productivo. El desafío es generar condiciones para que los contenidos generales se den en la escuela y los contenidos vocacionales en las empresas, alternando con prácticas periódicas en los lugares de trabajo.

Para que esto sea posible no sólo hay que reformular el sistema educativo. También es imprescindible incentivar a las empresas. El primer paso es ofrecer seguridad jurídica e incentivos económicos para que se les pueda exigir un correcto involucramiento en la formación de los alumnos.

Fuente: IDESA (Instituto para el Desarrollo Social Argentino)