Tal y como señala el CPJ, el Ejecutivo respondió a estos crímenes primero con el silencio y después afirmando que los asesinatos no tenían que ver con el trabajo que ejercían los periodistas. "Hasta este momento la información que tenemos es que es una situación ajena a las funciones periodísticas", aseguró en abril el ministro de Seguridad, Oscar Alvarez.

Sin embargo, una investigación realizada por el CPJ concluye que en al menos tres casos, las víctimas fueron asesinados par ser periodistas y en el resto, su trabajo pudo tener un papel en el crimen. Además, el comité advierte de "un alarmante tendencia de impunidad en estos casos" y pone como prueba la falta de iniciativa de la policía para investigar los crímenes y arrestar a los responsables.

En este sentido, aunque el CPJ no ha podido confirmar una "conspiración política" detrás de los siete asesinatos para tratar de intimidar a la prensa, señala que los reiterados fallos del Gobierno al investigar las muertes de los periodistas, ya sean "intencionados", por falta de recursos o "incompetencia", han creado en el país un sentimiento de "impunidad" ante este tipo de crímenes.

Como consecuencia de esto, el CPJ afirma que "muchos periodistas temen que los asesinatos se estén produciendo con el apoyo tácito, o incluso la complicidad, de la policía, las fuerzas armadas u otras autoridades. Para el CPJ, este tipo de temores están sustentadas en los cambios que ha vivido el país desde el golpe de Estado que quitó del poder a Manuel Zelaya.

A partir de ese momento, los partidarios del presidente depuesto, periodistas y críticos con el nuevo régimen han venido sufriendo ataques violentos para tratar de reprimir sus opiniones, según el Comité para la Protección de los Periodistas.