Varios son los proyectos que el arco opositor está intentando imponer en la agenda parlamentaria. La discusión por el 82% móvil en las jubilaciones y la disputa por la quita de los superpoderes que administra el Ejecutivo son algunos ejemplos. En este contexto es que se reflota el debate por las retenciones a los productos del agro. El 24 de agosto vencen las facultades delegadas por el poder Legislativo y la oposición buscará quitarle al Gobierno la facultad para fijar las retenciones y avanzar para llevarlas a 0, excepto en el caso del complejo sojero, donde los miembros de la Mesa de Enlace ya habrían consensuado un plan para segmentar y disminuir progresivamente las retenciones.

Si se lleva adelante la iniciativa opositora para eliminar las retenciones a los cereales el Gobierno perdería cerca de $5.600 millones, una cifra que representa el 30% del superávit primario proyectado para el 2010.

La recaudación estimada por retenciones en todo 2010 es de $41.500 millones. De ellos cerca del 50% proviene de la soja. Es decir que la oleaginosa representa la mitad de lo que se recauda en concepto de retenciones, por lo que un escenario como el que se plantea con retenciones 0 para los cereales pero con la soja intacta, no parecería en principio descabellado, más allá de las expectativas de aumento de ingresos a través de las exportaciones del agro. Para la campaña 2009/10, se proyecta una producción agregada de 81,7millones de tn en soja, maíz y trigo, lo que implica un alza del 54% enrelación a la campaña 2008-09 cuando la producción de los 3 cultivos ascendió a 53 millones de tn.

De todos modos habrá que considerar que si a las intenciones para bajar las alícuotas se le suma el 82% de movilidad a los pagos de los haberes, comienzan a surgir dudas sobre la posibilidad de que se lleven a cabo estas propuestas sin afectar el equilibrio fiscal. La deuda previsional podría incrementarse cerca de unos $13.000 millones si se avanza con el proyecto sobre las jubilaciones móviles que contempla la aplicación retroactiva de un coeficiente de ajuste basado en la evolución de los salarios registrados y el comportamiento de los recursos provisionales y fiscales aplicados al sistema.

En el caso de los superpoderes, la que está en discusión son más de $50.000 millones. En vísperas de las elecciones presidenciales esta masa de dinero se vuelve determinante en la ecuación política. Una salida ante dicha encrucijada sería recurrir una vez más a los decretos de Necesidad y Urgencia para poder seguir expandiendo el gasto.

Fuente: Abeceb.com