El nuevo sitio está se encuentra entre los kilómetros 1,5 y 2 de la Autopista, en las inmediaciones de las cabinas del peaje y con graves riesgos para la seguridad, además de carencia total de infraestructura, especialmente para la gran cantidad de niños que se encuentran entre los habitantes de la nueva villa.

Son aproximadamente 150 personas que tuvieron que emigrar de la 31 porque no pueden pagar un alquiler de 700 pesos.

Las nuevas casa con las que dispone este grupo de personas son de máxima precariedad, algunas están construidas con cartón, otras con nylon y alguna chapa y peor aún, se pueden apreciar en algunos casos que usan ropa para simular las paredes.

La Policía Federal comenzó a vallar al lugar e impide el ingreso de material para evitar que el nuevo asentamiento se expanda, con la incorporación de nuevos habitantes. El cerco, alegan en la villa, provoca que no puedan levantar casillas más firmes con el fin de contener el frío y la situación de intemperie.

El arquitecto Javier Fernández Castro, interventor judicial del Plan para la Villa 31, consideró que “toda solución debe encontrarse en la Ley de Urbanización, que impide que haya desalojos compulsivos, y contempla la reubicación de la gente”.

“Es en ese ámbito en el que se debe encontrar solución a este tema. Hay un compromiso de los diputados en la Legislatura”, añadió el profesional.