
En nuestro país, en los últimos 14 años han sido asesinadas 2983 personas por parte de las fuerzas de seguridad, según relevamientos de CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional).
Esta institución señala que más de la mitad de los asesinatos son ocasionados por gatillo fácil (51%), en segunda ubicación encontramos las muertes que se dan en las unidades carcelarias o comisarías (33%), ya con menos del diez por ciento se posicionan las defunciones en movilizaciones, causa fraguada, otras circunstancias.
Dicho relevamiento, refleja cuáles son las fuerzas de seguridad y qué cantidad de casos acumula cada una de ellas; las policías provinciales marcan un número impresionante, de los casi 3000 casos, 1767 de los asesinatos son registrados de estas policías, el Servicio Penitenciario es responsable de otros 585 casos, la Policía Federal de 294, otras fuerzas de 113, Gendarmería de 44 y Prefectura de 26.
Desde el 2003 hasta la actualidad, tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández enarbolaron su discurso con la causa de los Derechos Humanos, es por eso que uno imagina que la represión policial e institucional ha disminuido en estos últimos 7 años, pero contrariamente, CORREPI comprueba mediante datos que esto no es así y que la represión policial e institucional aumentó de manera escandalosa según señalan desde el organismo que “la autodenominada ‘política de DDHH’ del gobierno kirchnerista ha sido su más eficaz herramienta represiva para la captación de consenso para reprimir con menos costo político”.
El informe realizado por la institución data desde el 25 de mayo de 2003, día en el que asumió Kirchner, hasta noviembre de 2009; en ese período fueron asesinadas 1323 personas y desde esa fecha hasta hoy, se detectaron 125 muertes más.
Otro de los números más desafortunados que revela el trabajo de esta institución es la edad de las personas que mueren a causa de la represión policial e institucional, casi la mitad tienen entre 15 y 25 años (49,7 %), el 19% de los delitos afecta a personas de entre 26 y 35 años.
Si bien, según el estudio, arriba de 1350 casos del total se dieron en la provincia de Buenos Aires y lidera la tabla de cantidad de muertes, al momento de sacar el promedio por cada millón de habitantes, la provincia que parece más violenta es Tierra del Fuego, segunda se encuentra Santa Fe y recién en la tercera ubicación aparece Buenos Aires.
Esto confirma que las políticas de mano dura no son patrimonio exclusivo bonaerense ni de un partido político en particular: son una necesidad operativa del sistema político-económico imperante, gobierne quien gobierne.
Todos los casos que anteriormente citamos, están esclarecidos pero el índice de condena judicial, es menor al 10% del total de casos. Hoy se cumplen 17 años de la desaparición de Miguel Bru, un estudiante de periodismo que fue visto por última vez en la Comisaria 9° de La Plata, fue torturado y asesinado por dos policías, que en la actualidad están detenidos cumpliendo una condena de prisión perpetua, acusados de tortura seguida de muerte, privación ilegal de la libertad y falta de deberes de funcionario público, a pesar de todo, el cuerpo todavía no apareció.
Algunos de los casos que hoy todavía marcan un interrogante son los de Luciano Arruga, Sandra Ayala Gamboa, Jorge Julio López, Natalia Melman, entre tantos otros.
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