Más en general, uno podría argumentar que la relación entre gasto social e inflación es bidireccional: la inflación precipita un ajuste de la AUH, el que, a su vez, incrementa la presión sobre los precios de la canasta básica, dando origen a un nuevo ajuste de la AUH. En otras palabras, una carrera entre precios y gasto social. En este contexto,¿cómo medir el efecto neto sobre la distribución del ingreso de una AUH financiada con inflación? 
 
Un ejercicio en esta línea sería el de definir y estimar algún tipo de “Inflación de Canasta Equivalente” a la AUH, es decir, la variación en la canasta básica que lleva el nivel de pobreza al mismo que se observaba estaba antes de la AUH. Este ejercicio consta de dos etapas. Primero, conocer el impacto directo de la AUH sobre la distribución de ingreso y los indicadores sociales y. desde allí simular el impacto de un 1%, 2%, 3% de inflación hasta obtener una pobreza similar a la existente antes de la AUH. 

Pues bien, el resultado de tales simulaciones no dicen que, de manera aproximada, la inflación equivalente a la AUH es de 5%. ¿Qué significa esto? Que alcanza una inflación del 5% por arriba de los propias subas en los ingresos que genera la inflación para neutralizar el efecto de la AUH sobre la pobreza o, lo que es lo mismo, que la AUH sólo compensó por 5% de los 25% de la suba de la canasta en el último año (En el caso de la indigencia esta afirmación es parcialmente cierta, en tanto la inflación equivalente es de 23%)

Otra manera de interpretar este resultado, en un contexto donde el gobierno ya ha optado abiertamente por el financiamiento del gasto con emisión del Banco Central, es desde el punto de vista fiscal: la AUH costará $ 8 mil millones en 2010, o 6% de la base monetaria.

Simplificando a niveles vertiginosos, podría decirse que la combinación de una inflación del 6% y una AUH que compense el efecto de esta inflación en los hogares pobres es, en principio, fiscalmente neutra, ya que la AUH “se paga sola” con el impuesto inflacionario (6% de la base monetaria). Pero en la práctica hay un ganador evidente, frente a perdedores diseminados y con poco poder de negociación, en tanto que permite al gobierno, que recauda una porción del PIB nominal, licuar parcialmente la deuda en CER (gracias al IPC dibujado del Indek), en pesos (gracias a las tasas deprimidas del BCRA) y en dólares (gracias a las expectativas de apreciación real), el presupuesto (pactado nominalmente), el mínimo no imponible de ganancias, las jubilaciones, etc. 
 
¿Significa esto que la inflación es la llave del incremento sostenible del gasto? No necesariamente. En el corto plazo, la dinámica puede ser estable gracias a la falta de indexación. En el mediano plazo, sin embargo, los perdedores tienden a defenderse o a fugar. Los ahorristas abandonarán el peso cuando las expectativas de apreciación real se agoten, los presupuestos nominales serán más abultados para cubrirse, las reglas tributarias se adaptaran para proteger el pago de impuestos por exposición a la inflación,  los sindicatos exigirán la indexación del mínimo no imponible, los jubilados recuperarán la movilidad indexada, etc. 
 
En conclusión, el gobierno ha puesto en marcha una conocida espiral de toma y daca con resultados favorables pero transitorios en términos fiscales. Y está listo para repetir el programa en 2011, elevando AUH y jubilaciones para compensar una suba de la canasta del 25% despreocupándose del costado inflacionario de su política macroeconómica. Al observar cómo esta calesita acelera paulatinamente, la pregunta obligada es: ¿Cuándo será la desactivación de esta puja distributiva una prioridad en la agenda del gobierno y de la oposición?.

Fuente: Luciano Cohan y Eduardo Levy Yeyati. Club Político Argentino.