Con 69 votos, el Senado aprobó este miércoles por unanimidad, y sólo en general, el proyecto sobre Acceso a la Información, cuyo tratamiento en particular del articulado fue pospuesto hasta el 30 del corriente mes con miras de lograr consenso sobre su contenido.

Básicamente, la iniciativa establece que "toda persona, física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a requerir, acceder y recibir información pública en forma completa, veraz, adecuada y oportuna" y esto "no puede ser objeto de restricciones que le resten eficacia, o de interpretaciones que lo limiten" por parte de funcionarios del Gobierno.

El primero en hacer uso de la palabra fue el senador oficialista y titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Nicolás Fernández, que manifestó que “es preciso afirmar que el acceso es un derecho humano que queremos garantizar entre todos, y la idea de buscar consenso no es sólo buena, sino lógica, ya que es un elemento carente de tratamiento en la Argentina, y ahora vamos a poder equipararnos con el resto de los países que tiene el acceso dado por ley”.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Asuntos, Samuel Cabanchik, de Proyecto Buenos Aires Federal (Probafe), expresó que “muchas veces, la información no está ni siquiera para los funcionarios que ejercemos cargos públicos”, y resaltó que la iniciativa en cuestión “va a haber mayor participación del pueblo en la cosa pública”, ya que se estaría “dando un salto cualitativo”. Además dijo que con el proyecto “hay un ordenamiento legal, es un paso necesario de acuerdo a la declaración de derechos humanos, con esta ley estamos dando el paso para estar de acuerdo al marco jurídico internacional al cual nos debemos”.

La senadora formoseña Adriana Bortolozzi, recientemente desvinculada del bloque kirchnerista, señaló que está de acuerdo para que la iniciativa “se trate en general, pero no en particular”, y aseveró que el acceso a la información es una “ley para todos los tiempos”.

Desde el peronismo federal, Liliana Negre de Alonso sostuvo que “el Congreso tiene la obligación de garantizar el desarrollo humano, la transparencia, y es fundamental contar con esta ley para garantizar eso”. No obstante, la legisladora puntana justificó la firma en disidencia al dictamen ya que consideró que es necesaria la creación “de una Comisión Bicameral para la figura del defensor de la libre información”, que tendría la obligación de “llamar a concurso público para evaluar los antecedentes de los candidatos”.

La salteña Sonia Escudero, compañera de bancada de Negre de Alonso, afirmó que “no son tiempos fáciles para la libertad de prensa y de expresión, y eso hace que esta ley sea tan importante en este momento”, y puntualizó que “la idea del Gobierno de libertad de prensa ha quedado demostrada cuando debatimos la famosa ley de la democracia, ya la vimos operar el día que la Presidenta decidió ejercer como fiscal y juez de una empresa privada; uno prendía la televisión y, en 12 canales, lo único que podíamos ver era a la Presidenta denunciando, y si no, había fútbol o canales extranjeros”. La peronista federal concluyó: “Si el ciudadano no accede a la información pública, pierde confianza en el sistema, lo que lesiona la convivencia ciudadana”.

La senadora formoseña Adriana Bortolozzi, recientemente desvinculada del bloque kirchnerista, señaló que está de acuerdo para que la iniciativa “se trate en general, pero no en particular”, y aseveró que el acceso a la información es una “ley para todos los tiempos”.