Actualizado: Martes, 16 abril 2024
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La Plata
Nación y Provincia firmaron acuerdo federal energético
El gobierno nacional logró que diecinueve gobiernos provinciales firmaran un "Acuerdo Federal" elaborado en base a los criterios generales que en materia energética impulsa la Administración Macri, procurando además consolidar aspectos claves como la política tarifaria y una readecuación de la estructura impositiva que grava al sector
El gobierno nacional logró que diecinueve gobiernos provinciales firmaran un "Acuerdo Federal" elaborado en base a los criterios generales que en materia energética impulsa la Administración Macri, procurando además consolidar aspectos claves como la política tarifaria y una readecuación de la estructura impositiva que grava al sector.
Entre los fundamentos del acuerdo se consigna que "la Constitución Nacional reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio", y asimismo, al Poder Ejecutivo Nacional la facultad para fijar la política nacional en materia hidrocarburífera y de energía eléctrica de carácter interjurisdiccional".
El acuerdo fue firmado por el presidente Mauricio Macri y funcionarios de los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Formosa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Salta, San Juan, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.
El texto establece que el gobierno nacional creará el Consejo Federal de la Energía como órgano consultivo sobre temas referidos al desarrollo energético del país.
Dicho Consejo estará presidido por el Ministro de Energía e integrado por un representante de cada una de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los presidentes y vicepresidentes de las Comisiones de Energía de ambas Cámaras del Congreso de la Nación.
Las opiniones y/o recomendaciones del Consejo serán en todos los casos de carácter consultivo y no vinculante para las partes y se reunirá como mínimo dos veces por año.
El Consejo Federal tendrá como objeto considerar "la planificación y desarrollo del sector a mediano y largo plazo, y aconsejar sobre las modificaciones que requiera la legislación en materia de energía, incluyendo los marcos regulatorios de cada servicio público".
Asimismo, se adoptarán medidas para asegurar el funcionamiento de los entes reguladores de los servicios públicos del sector en cada jurisdicción, con la normalización de los que se encontraren intervenidos o con autoridades transitorias.
El texto puntualiza también que "se establecerán mecanismos para asegurar el desarrollo de un Plan Energético Estratégico con participación de las provincias a través del Consejo Federal y de otros organismos que entiendan en la materia".
En materia de tarifas, se reconoce "necesario armonizar entre las distintas jurisdicciones las políticas de precios y tarifas en el rubro a fin de evitar distorsiones".
El acuerdo compromete a las partes a "asegurar que las tarifas y precios retribuyan los costos económicos relacionados con su producción, importación, transporte y distribución, permitiendo la inversión eficiente en esos segmentos y la mejora en la calidad del servicio".
Como parte de esa política se deberá incluir una tarifa social que permita el acceso a la energía por parte de sectores de menores recursos económicos.
Además, se destaca que "las nuevas normas y programas que dicten las autoridades en materia energética no deberán distorsionar las disposiciones legales sobre regalías u otros ingresos provinciales".
En el marco del Consejo Federal, una comisión analizará la carga impositiva actual en el sector y, en el término de un año a partir de su creación, propondrá reformas al esquema tributario a nivel nacional y provincial, para homogeneizar criterios, y "evaluar la creación de un régimen de beneficios fiscales aplicables a servicios, contratos y/u obras de energía".
El gobierno nacional, a través del Ministerio de Energía, tendrá la responsabilidad del desarrollo del Plan Energético Estratégico, que será "comunicado a las comisiones pertinentes del Congreso nacional" y se actualizará anualmente.
En el acuerdo "las partes reconocen la necesidad de avanzar" hacia la diversificación de la matriz energética, incrementando la participación de energías limpias y/o renovables, se comprometen a impulsar la tecnología nuclear y el desarrollo integral del potencial hidroeléctrico del país.
En el mismo orden, "impulsarán cambios en la normativa actual y el desarrollo de programas para promover los biocombustibles (biodiesel, bioetanol) y sustituir importaciones de petróleo crudo y sus derivados".
Asimismo, se impulsará el desarrollo del sector petrolero a través de permisos de exploración y concesiones de explotación otorgadas por las partes en sus respectivas jurisdicciones.
El acuerdo promueve la creación de un banco de datos federal de hidrocarburos y el gobierno nacional impulsará el desarrollo hidrocarburífero en el mar continental mediante un plan que aliente la exploración y la producción offshore, e impulse la inversión privada en nuevas áreas.
Entre los fundamentos del acuerdo se consigna que "la Constitución Nacional reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio", y asimismo, al Poder Ejecutivo Nacional la facultad para fijar la política nacional en materia hidrocarburífera y de energía eléctrica de carácter interjurisdiccional".
El acuerdo fue firmado por el presidente Mauricio Macri y funcionarios de los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Formosa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Salta, San Juan, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.
El texto establece que el gobierno nacional creará el Consejo Federal de la Energía como órgano consultivo sobre temas referidos al desarrollo energético del país.
Dicho Consejo estará presidido por el Ministro de Energía e integrado por un representante de cada una de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los presidentes y vicepresidentes de las Comisiones de Energía de ambas Cámaras del Congreso de la Nación.
Las opiniones y/o recomendaciones del Consejo serán en todos los casos de carácter consultivo y no vinculante para las partes y se reunirá como mínimo dos veces por año.
El Consejo Federal tendrá como objeto considerar "la planificación y desarrollo del sector a mediano y largo plazo, y aconsejar sobre las modificaciones que requiera la legislación en materia de energía, incluyendo los marcos regulatorios de cada servicio público".
El Órgano actuará como asesor del Poder Ejecutivo Nacional y de las provincias en el desarrollo de programas para impulsar energías alternativas y la eficiencia energética, armonización tarifaria y proyectos de inversión de interés nacional o de alguna provincia.
Asimismo, se adoptarán medidas para asegurar el funcionamiento de los entes reguladores de los servicios públicos del sector en cada jurisdicción, con la normalización de los que se encontraren intervenidos o con autoridades transitorias.
El texto puntualiza también que "se establecerán mecanismos para asegurar el desarrollo de un Plan Energético Estratégico con participación de las provincias a través del Consejo Federal y de otros organismos que entiendan en la materia".
En materia de tarifas, se reconoce "necesario armonizar entre las distintas jurisdicciones las políticas de precios y tarifas en el rubro a fin de evitar distorsiones".
El acuerdo compromete a las partes a "asegurar que las tarifas y precios retribuyan los costos económicos relacionados con su producción, importación, transporte y distribución, permitiendo la inversión eficiente en esos segmentos y la mejora en la calidad del servicio".
Como parte de esa política se deberá incluir una tarifa social que permita el acceso a la energía por parte de sectores de menores recursos económicos.
Además, se destaca que "las nuevas normas y programas que dicten las autoridades en materia energética no deberán distorsionar las disposiciones legales sobre regalías u otros ingresos provinciales".
En el marco del Consejo Federal, una comisión analizará la carga impositiva actual en el sector y, en el término de un año a partir de su creación, propondrá reformas al esquema tributario a nivel nacional y provincial, para homogeneizar criterios, y "evaluar la creación de un régimen de beneficios fiscales aplicables a servicios, contratos y/u obras de energía".
El gobierno nacional, a través del Ministerio de Energía, tendrá la responsabilidad del desarrollo del Plan Energético Estratégico, que será "comunicado a las comisiones pertinentes del Congreso nacional" y se actualizará anualmente.
En el acuerdo "las partes reconocen la necesidad de avanzar" hacia la diversificación de la matriz energética, incrementando la participación de energías limpias y/o renovables, se comprometen a impulsar la tecnología nuclear y el desarrollo integral del potencial hidroeléctrico del país.
En el mismo orden, "impulsarán cambios en la normativa actual y el desarrollo de programas para promover los biocombustibles (biodiesel, bioetanol) y sustituir importaciones de petróleo crudo y sus derivados".
Asimismo, se impulsará el desarrollo del sector petrolero a través de permisos de exploración y concesiones de explotación otorgadas por las partes en sus respectivas jurisdicciones.
El acuerdo promueve la creación de un banco de datos federal de hidrocarburos y el gobierno nacional impulsará el desarrollo hidrocarburífero en el mar continental mediante un plan que aliente la exploración y la producción offshore, e impulse la inversión privada en nuevas áreas.
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