Actualizado: Viernes, 19 abril 2024
7:07Hs.
La Plata
Para el fiscal la prisión domiciliaria "es injusto privilegio"
El fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, calificó hoy como un "injusto privilegio" que le concedan la prisión domiciliaria a la líder de la Tupac Amaru Milagro Sala, pero advirtió que el gobierno provincial "no" puede "apelar la medida" porque son querellantes en la causa contra la dirigente por supuesta corrupción
El fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, calificó hoy como un "injusto privilegio" que le concedan la prisión domiciliaria a la líder de la Tupac Amaru Milagro Sala, pero advirtió que el gobierno provincial "no" puede "apelar la medida" porque son querellantes en la causa contra la dirigente por supuesta corrupción.
El funcionario también negó que la vivienda del barrio El Carmen donde se concedió la prisión domiciliaria a Sala "haya sido saqueada por venganza política", al asegurar que "la llave de esa casa la tenía gente vinculada a la Tupac Amaru" y "si la hubieran saqueado, hubiera habido una denuncia".
Según el fiscal de Estado, "esta es una vivienda que ocupaba habitualmente Milagro Sala con su grupo familiar, una casa de fin de semana, que había un estimado tras una denuncia de AFIP por lavado de activos, que está valuada en unos 3 millones de dólares".
Miranda puntualizó que "uno de los jueces (por Gastón Mercau) ya se ha expedido por la domiciliaria y otro de los jueces (por Pablo Pullen Llermanos) se expedirá en las próximas horas o días", por lo que "sería inminente a que se dé cumplimiento a lo dictado por la Corte Interamericana".
En declaraciones a las radios La Red y Rivadavia, el fiscal de Estado sostuvo que si se otorga el beneficio de trasladar a la dirigente social a una vivienda "habrá que tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psíquica de un grupo importante de personas que ha sido víctima del grupo de Milagro Sala y su grupo más cercano".
El funcionario también advirtió que si el magistrado Pullen Llermanos vota en contra de la prisión domiciliaria "tendría que resolver el superior inmediato o el Superior Tribunal de Justicia".
Puntualizó que hoy se realizará una nueva inspección al domicilio de El Carmen y "verán qué tipo de refacciones y a cargo de quién estarán las refacciones del inmueble para que se pueda dar cumplimiento efectivo a la prisión domiciliaria tal cual lo recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)".
Sobre la casa a la que sería trasladada Sala, indicó que "fue construida entre 2010 y 2011 y está plenamente habitable" y negó que este inmueble haya sido "construido para que funcione un centro de rehabilitación de adictos" porque "nunca tuvo ese objetivo".
En este sentido, sostuvo que "hasta hace poco tiempo esa casa no estaba en ese estado" en el que se conoció ayer, cuando se difundieron fotos de la vivienda sin ventanas, sanitarios y, según los abogados de Sala, sin los servicios básicos de luz, agua y electricidad. El fiscal de Estado afirmó que al gobierno de Gerardo Morales le "sorprendió la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de darle lugar a esta medida cautelar sobre las condiciones de detención".
Para Miranda, "quien comenzó a generar este injusto privilegio, de que una persona que está siendo investigada por hechos graves de corrupción hoy en día pueda ser beneficiaria de esta situación, es la propia Comisión".
"No compartimos la medida, pero no la podemos apelar porque somos querellantes y no somos parte dentro del proceso dentro de la cautelar que dispone la prisión domiciliaría", señaló, al tiempo que indicó que "procedimentalmente no" tienen "intervención en este proceso sobre prisión domiciliaria".
El funcionario también negó que la vivienda del barrio El Carmen donde se concedió la prisión domiciliaria a Sala "haya sido saqueada por venganza política", al asegurar que "la llave de esa casa la tenía gente vinculada a la Tupac Amaru" y "si la hubieran saqueado, hubiera habido una denuncia".
Según el fiscal de Estado, "esta es una vivienda que ocupaba habitualmente Milagro Sala con su grupo familiar, una casa de fin de semana, que había un estimado tras una denuncia de AFIP por lavado de activos, que está valuada en unos 3 millones de dólares".
Miranda puntualizó que "uno de los jueces (por Gastón Mercau) ya se ha expedido por la domiciliaria y otro de los jueces (por Pablo Pullen Llermanos) se expedirá en las próximas horas o días", por lo que "sería inminente a que se dé cumplimiento a lo dictado por la Corte Interamericana".
En declaraciones a las radios La Red y Rivadavia, el fiscal de Estado sostuvo que si se otorga el beneficio de trasladar a la dirigente social a una vivienda "habrá que tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psíquica de un grupo importante de personas que ha sido víctima del grupo de Milagro Sala y su grupo más cercano".
El funcionario también advirtió que si el magistrado Pullen Llermanos vota en contra de la prisión domiciliaria "tendría que resolver el superior inmediato o el Superior Tribunal de Justicia".
Puntualizó que hoy se realizará una nueva inspección al domicilio de El Carmen y "verán qué tipo de refacciones y a cargo de quién estarán las refacciones del inmueble para que se pueda dar cumplimiento efectivo a la prisión domiciliaria tal cual lo recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)".
Sobre la casa a la que sería trasladada Sala, indicó que "fue construida entre 2010 y 2011 y está plenamente habitable" y negó que este inmueble haya sido "construido para que funcione un centro de rehabilitación de adictos" porque "nunca tuvo ese objetivo".
En este sentido, sostuvo que "hasta hace poco tiempo esa casa no estaba en ese estado" en el que se conoció ayer, cuando se difundieron fotos de la vivienda sin ventanas, sanitarios y, según los abogados de Sala, sin los servicios básicos de luz, agua y electricidad. El fiscal de Estado afirmó que al gobierno de Gerardo Morales le "sorprendió la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de darle lugar a esta medida cautelar sobre las condiciones de detención".
Para Miranda, "quien comenzó a generar este injusto privilegio, de que una persona que está siendo investigada por hechos graves de corrupción hoy en día pueda ser beneficiaria de esta situación, es la propia Comisión".
"No compartimos la medida, pero no la podemos apelar porque somos querellantes y no somos parte dentro del proceso dentro de la cautelar que dispone la prisión domiciliaría", señaló, al tiempo que indicó que "procedimentalmente no" tienen "intervención en este proceso sobre prisión domiciliaria".
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