Actualizado: Miércoles, 24 abril 2024
14:14Hs.
La Plata
Tarifas: buscan que Provincia las supedite a la negociación salarial
Desde el Frente Renovador le exigen a la Provincia que acepte discutir un proyecto que sujeta los aumentos de las prestatarias de servicios públicos al resultado de las negociaciones salariales con los estatales.
El Frente Renovador presentó un proyecto de ley en la Legislatura que le puede poner un condicionamiento a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal: los aumentos de tarifas no pueden ser superiores a los incrementos otorgados a los trabajadores estatales, donde la paritaria docente cobra especial relevancia.
La iniciativa la presentó el diputado Pablo Garate y responde a un proyecto similar presentado por Massa en el Congreso. Según se explicó, el objetivo es prohibir el aumento de tarifas en los servicios públicos de jurisdicción provincial por encima del aumento que se haya producido en el Coeficiente de Variación Salarial elaborado por el INDEC desde la fecha de vigencia de la última actualización tarifaria hasta los tres meses anteriores a la aplicación de la nueva tarifa.
“Las tarifas tendrán una estabilidad mínima de seis meses, periodo durante el cual no se podrá incrementar el monto por ningún mecanismo de actualización”, explicó Garate en el proyecto que ya circula por las comisiones para su tratamiento parlamentario.
La propuesta del massismo comprende a todo tipo de empresas prestatarias de servicios públicos, incluidas las de transporte público de pasajeros, de jurisdicción provincial: sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal, entes autárquicos y empresas privadas o cooperativas concesionarias de servicios, incluidas las que explotan rutas provinciales concesionadas por peajes.
“Nos parece pertinente como política de Estado sancionar una normativa que vaya más allá de los gobiernos de turno en defensa y protección de los usuarios que muchas veces quedan a merced de abusos por parte de las empresas prestadoras de servicios”, al mismo tiempo que calificó a la política del Gobierno para el área como “errática y desacertada, con idas y vueltas en las decisiones tomadas y por funcionarios que al menos poseen conflictos de intereses entre su rol de administradores de los recursos públicos y sus vinculaciones con empresas privadas prestatarias de los distintos servicios”, apuntó.
El diputado de la sexta sección electoral sostuvo que la propuesta se fundamenta que lo es una crítica hacia el rumbo económico nacional, “ante el riesgo cierto de que este tipo de políticas se acentúen lo que iría en detrimento de gran parte del pueblo que con ingresos dependientes de un salario formal o informal se esfuerzan por cubrir mensualmente sus necesidades básicas”.
La iniciativa la presentó el diputado Pablo Garate y responde a un proyecto similar presentado por Massa en el Congreso. Según se explicó, el objetivo es prohibir el aumento de tarifas en los servicios públicos de jurisdicción provincial por encima del aumento que se haya producido en el Coeficiente de Variación Salarial elaborado por el INDEC desde la fecha de vigencia de la última actualización tarifaria hasta los tres meses anteriores a la aplicación de la nueva tarifa.
“Las tarifas tendrán una estabilidad mínima de seis meses, periodo durante el cual no se podrá incrementar el monto por ningún mecanismo de actualización”, explicó Garate en el proyecto que ya circula por las comisiones para su tratamiento parlamentario.
La propuesta del massismo comprende a todo tipo de empresas prestatarias de servicios públicos, incluidas las de transporte público de pasajeros, de jurisdicción provincial: sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal, entes autárquicos y empresas privadas o cooperativas concesionarias de servicios, incluidas las que explotan rutas provinciales concesionadas por peajes.
“Nos parece pertinente como política de Estado sancionar una normativa que vaya más allá de los gobiernos de turno en defensa y protección de los usuarios que muchas veces quedan a merced de abusos por parte de las empresas prestadoras de servicios”, al mismo tiempo que calificó a la política del Gobierno para el área como “errática y desacertada, con idas y vueltas en las decisiones tomadas y por funcionarios que al menos poseen conflictos de intereses entre su rol de administradores de los recursos públicos y sus vinculaciones con empresas privadas prestatarias de los distintos servicios”, apuntó.
El diputado de la sexta sección electoral sostuvo que la propuesta se fundamenta que lo es una crítica hacia el rumbo económico nacional, “ante el riesgo cierto de que este tipo de políticas se acentúen lo que iría en detrimento de gran parte del pueblo que con ingresos dependientes de un salario formal o informal se esfuerzan por cubrir mensualmente sus necesidades básicas”.
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