El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, firmó un decreto que congela el sueldo de los funcionarios del Poder Ejecutivo hasta diciembre de 2018 y dispone otras medidas de ajuste destinadas a reducir el gasto público y mejorar los niveles de eficiencia del Estado
El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, firmó un decreto que congela el sueldo de los funcionarios del Poder Ejecutivo de Salta hasta diciembre de 2018 y dispone otras medidas de ajuste destinadas a reducir el gasto público y mejorar los niveles de eficiencia del Estado.
Se trata del decreto 1603/17, que suspende hasta el 31 de diciembre de 2018 todo incremento en la remuneración de los ministros, secretarios, autoridades superiores y personal de cargo político, entre otros funcionarios de la administración pública provincial.
En sus considerandos, la norma expresa que el objetivo prioritario de la aplicación de políticas de modernización del Estado es “impulsar nuevas formas de gestión y desarrollo de tecnologías que permitan garantizar mayores niveles de eficiencia, agilidad, transparencia y calidad en la prestación de servicios del sector público a los ciudadanos”.
Además, establece que es “conveniente adoptar desde el gobierno provincial todas aquellas medidas que contribuyan a alcanzar una mayor eficiencia del gasto público”, en consonancia con el gobierno nacional, que impulsa el proyecto de ley de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno con el objetivo de “recuperar la solvencia fiscal de los estados provinciales”.
En tanto, el decreto, que fue firmado por todos los ministros salteños y por el jefe de Gabinete, Fernando Yarade, indica que este año las provincias registrarán “un resultado financiero deficitario de 87.404 millones de pesos, estimándose para el año que viene una reducción que lo ubicaría en 44.775 millones de pesos”.
Por ello, señala que “resulta necesario adecuar las estructuras administrativas y mejorar capacidades del Estado, en un marco de austeridad y eficiencia en la asignación de los recursos públicos”.
Entre las decisiones que se adoptan a través de este decreto, se suspenden también las comisiones de funcionarios al exterior y dentro del país, y se restringe el uso de los vehículos oficiales.
Asimismo, se suspenden por el término de un año el aumento en la escala de viáticos, los incrementos en los honorarios por contratos de servicios y en gastos de publicidad, entre otras medidas.
Por otro lado, establece una reducción no menor al 20 por ciento en las estructuras organizativas de las dependencias del estado, sin implicar una reducción de la planta permanente, y promueve la jubilación de todo el personal que esté en condiciones de acogerse al beneficio.
A la vez, impulsa la implementación de un régimen de retiro voluntario para el personal de planta permanente y un análisis de las funciones que cumple cada uno de los agentes contratados por el estado.
El decreto dispone además medidas de reducción del gasto relacionadas con la adquisición de bienes de uso, los alquileres y los teléfonos, entre otras.