Actualizado: Jueves, 18 abril 2024
23:23Hs.
La Plata
Los K llevaron a la Justicia a Díaz Gilligan
Más allá de la reciente presentación de la renuncia, el diputado nacional del FPV-PJ Rodolfo Tailhade denunció ante la justicia federal al subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, por los delitos de presunto lavado de activos y omisión maliciosa
La presentación se da luego de que luego de que se hiciera pública una investigación del diario español El País, la cual reveló que el funcionario ocultó una cuenta de 1,2 millones de dólares en un banco de Andorra.
Vale destacar que antes de dimitir a su cargo, aparentemente a partir de la presión de varios de sus pares de cambiemos, especialmente de la UCR y la CC, el propio funcionario admitió que “Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar”.
Para Tailhade, “en caso de ser cierta la versión de Díaz Gilligan estaría reconociendo su accionar ilícito, siendo el sujeto que posibilito que el dinero obtenga apariencia de un origen lícito”.
“Debe tenerse en consideración que en Andorra regia el secreto bancario, como así también que la empresa británica, Line Action, pertenecía a la mercantil panameña Nashville North Inc” y como es de público conocimiento, este tipo de empresas radicadas en paraísos fiscales son utilizadas, frecuentemente, como vehículos para cometer el delito de lavado de activos respecto a otras actividades ilícitas como corrupción o evasión fiscal”, remarcó el legislador.
En tanto, sobre la omisión maliciosa, Tailhade señaló que Díaz Gilligan no declaró la cuenta bancaria ni en sus declaraciones juradas como funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni cuando asumió en el gobierno nacional.
“La intención del propio funcionario de presentarse ante la Oficina Anticorrupción prueba que pretende sustraerse de una verdadera y efectiva investigación, buscando la impunidad a través de un organismo que se dedica a encubrir funcionarios corruptos de su espacio político”, aseguró.
Por último, es importante resaltar que la denuncia recayó el juzgado de Claudio Bonadio e investiga la fiscal María Alejandra Mangano.
Tal como puede leerse en la página de la UIF (Unidad de Información Financiera) se denomina Lavado de Activos al proceso en virtud del cual los activos de origen ilícito se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita.
Es decir, es un mecanismo mediante el cual una persona o una organización criminal que comete un delito (narcotráfico, corrupción, trata de personas, pornografía infantil, etc.) busca ocultar, disimular y/o encubrir el dinero conseguido de su actividad ilícita intentando en ese proceso dar, a esos fondos, apariencia de haber sido obtenido legalmente.
¿Puede ir preso el ahora ex funcionario macrista? Si. Está tipificado en el art. 303 del Código Penal argentino: "Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí".
La jurisprudencia argentina estableció que no es necesario tener individualizado el delito anterior para considerar la ilicitud de los fondos toda vez que el imputado no pueda demostrar el origen lícito de los mismos.
El último caso conocido de un preso por una causa de lavado de activos es nada más y nada menos que el empresario Lázaro Báez, el empresario más favorecido con obra pública por las administraciones kirchneristas, quien está detenido por orden del juez federal Sebastián Casanello en el penal de Ezeiza. Por supuesto, su detención es preventiva. El juicio será el que determine la pena a cumplir.
Vale destacar que antes de dimitir a su cargo, aparentemente a partir de la presión de varios de sus pares de cambiemos, especialmente de la UCR y la CC, el propio funcionario admitió que “Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar”.
Para Tailhade, “en caso de ser cierta la versión de Díaz Gilligan estaría reconociendo su accionar ilícito, siendo el sujeto que posibilito que el dinero obtenga apariencia de un origen lícito”.
“Debe tenerse en consideración que en Andorra regia el secreto bancario, como así también que la empresa británica, Line Action, pertenecía a la mercantil panameña Nashville North Inc” y como es de público conocimiento, este tipo de empresas radicadas en paraísos fiscales son utilizadas, frecuentemente, como vehículos para cometer el delito de lavado de activos respecto a otras actividades ilícitas como corrupción o evasión fiscal”, remarcó el legislador.
En tanto, sobre la omisión maliciosa, Tailhade señaló que Díaz Gilligan no declaró la cuenta bancaria ni en sus declaraciones juradas como funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni cuando asumió en el gobierno nacional.
“La intención del propio funcionario de presentarse ante la Oficina Anticorrupción prueba que pretende sustraerse de una verdadera y efectiva investigación, buscando la impunidad a través de un organismo que se dedica a encubrir funcionarios corruptos de su espacio político”, aseguró.
Por último, es importante resaltar que la denuncia recayó el juzgado de Claudio Bonadio e investiga la fiscal María Alejandra Mangano.
Tal como puede leerse en la página de la UIF (Unidad de Información Financiera) se denomina Lavado de Activos al proceso en virtud del cual los activos de origen ilícito se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita.
Es decir, es un mecanismo mediante el cual una persona o una organización criminal que comete un delito (narcotráfico, corrupción, trata de personas, pornografía infantil, etc.) busca ocultar, disimular y/o encubrir el dinero conseguido de su actividad ilícita intentando en ese proceso dar, a esos fondos, apariencia de haber sido obtenido legalmente.
¿Puede ir preso el ahora ex funcionario macrista? Si. Está tipificado en el art. 303 del Código Penal argentino: "Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí".
La jurisprudencia argentina estableció que no es necesario tener individualizado el delito anterior para considerar la ilicitud de los fondos toda vez que el imputado no pueda demostrar el origen lícito de los mismos.
El último caso conocido de un preso por una causa de lavado de activos es nada más y nada menos que el empresario Lázaro Báez, el empresario más favorecido con obra pública por las administraciones kirchneristas, quien está detenido por orden del juez federal Sebastián Casanello en el penal de Ezeiza. Por supuesto, su detención es preventiva. El juicio será el que determine la pena a cumplir.
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