Actualizado: Jueves, 18 abril 2024
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La Plata
Certificados de Vivienda: documentos antes del desembarco final
La Provincia recibió el 70% de los títulos entregados por la Nación, con apoyo de ONG y movimientos sociales. Una poderosa herramienta para la inclusión. ¿También como arma electoral?
Lejos de la espectacularidad y sorpresa de aquel histórico 6 de junio de 1944, cuando las tropas estadounidenses, británicas y canadienses sorprendieron a los alemanes en Normandía, el desembarco de otros aliados amenaza con hacer tambalear el poder de varios generales del Conurbano bonaerense.
La avanzada final, que desplegará ar-mamento pesado en un ambicioso plan de urbanización (de la mano de Nación), fue adelantada por La Tecla y confirmada por la mandataria bonaerense. En el mapa están marcados algunos barrios populares a los que se dotará de servicios básicos como cloacas, agua potable o transporte público; comenzando con Costa Esperanza, en San Martín; Porá (Lanús); Itatí (Quilmes), Libertad (Almi-rante Brown); Carlos Gardel (Morón) y La Cava (San Isidro).
El plan beneficiará a más de 150 mil personas, bajo la dirección de la Unidad de Gestión que comanda el lugarteniente de la Gobernadora: el jefe de Gabinete, Federico Salvai.
Mientras las máquinas se preparan para el desembarco, Nación y Provincia llevan adelante algunas acciones de tipo social siguiendo la orden de “trabajar los territorios”, que emana de la Gobernación, aunque algunos programas estén diseñados por la Nación. En uno de ellos, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE) desarrolla “Barrios Populares”, junto a la Anses y el Ministerio de Desarrollo Social; organizaciones no gubernamentales (ONG), como Techo; y or-ganizaciones sociales, como Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Com-bativa (CCC) o la Confederación de Trabajadores de la Economía Popu-lar (CTEP).
Una de las acciones que lleva adelante la ABBE es la elaboración de un Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que identifica villas y asentamientos informales, para conocer la realidad de cada uno de ellos.
Se identificaron 1.684 barrios po-pulares en la provincia de Buenos Aires, donde viven 308.614 familias, unas 982.977 personas. La mayor concentración se halla en el Gran Buenos Aires: son 1.104 barrios populares, en los que viven 247.082 familias, con una cantidad cercana a las 800 mil personas.
En ese marco adquiere vital im-portancia la creación del Certificado de Vivienda Familiar, que permite a las familias acreditar su domicilio y acceder a servicios básicos, como agua corriente, cloacas, energía eléctrica y red de gas. Así, las familias relevadas podrán solicitar estos
servicios y comprobar su domicilio ante cualquier autoridad, entes y empresas privadas.
Con la mira puesta en ganar distritos enemigos, como Hurlingham, Esteban Echeverría, San Martín o Tigre, y “pegarles un sus-to” a otros por ahora difíciles de conquistar -La Matanza-, e incluso conservar posiciones ganadas, como Quilmes o Morón.
Con ese plan sobre el mapa, de los 63.308 certificados entregados hasta ahora en el país, 44.731 (71%) corresponden a la provincia de Buenos Aires, de los cuales 35.477 son del Gran Buenos Aires.
¿Beneficio para miles de personas que se encuentran en situación de marginalidad legal? Sí, claro que sí. ¿Herramienta electoral? Puede que también. Aunque, como señaló Juan Carlos Alderete, líder de la Corriente Clasista y Combativa, “si es una utilización política para que se regularice la situación de la gente, que sigan adelante”.
No es una acción relámpago, como la de ese famoso “Día D”, sino un trabajo silencioso, casi de hormiga, que cuenta con el aporte de soldados bien per-trechados en Nación y las provincias, entre ellas la de Buenos Aires.
La gobernadora María Eugenia Vidal comanda los batallones hacia varios de los asentamientos y villas más poblados del Gran Buenos Aires, donde viven miles de personas que representan un elemento de poder para los jefes comunales en cuestión de votos.La avanzada final, que desplegará ar-mamento pesado en un ambicioso plan de urbanización (de la mano de Nación), fue adelantada por La Tecla y confirmada por la mandataria bonaerense. En el mapa están marcados algunos barrios populares a los que se dotará de servicios básicos como cloacas, agua potable o transporte público; comenzando con Costa Esperanza, en San Martín; Porá (Lanús); Itatí (Quilmes), Libertad (Almi-rante Brown); Carlos Gardel (Morón) y La Cava (San Isidro).
El plan beneficiará a más de 150 mil personas, bajo la dirección de la Unidad de Gestión que comanda el lugarteniente de la Gobernadora: el jefe de Gabinete, Federico Salvai.
Mientras las máquinas se preparan para el desembarco, Nación y Provincia llevan adelante algunas acciones de tipo social siguiendo la orden de “trabajar los territorios”, que emana de la Gobernación, aunque algunos programas estén diseñados por la Nación. En uno de ellos, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE) desarrolla “Barrios Populares”, junto a la Anses y el Ministerio de Desarrollo Social; organizaciones no gubernamentales (ONG), como Techo; y or-ganizaciones sociales, como Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Com-bativa (CCC) o la Confederación de Trabajadores de la Economía Popu-lar (CTEP).
Una de las acciones que lleva adelante la ABBE es la elaboración de un Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que identifica villas y asentamientos informales, para conocer la realidad de cada uno de ellos.
Se identificaron 1.684 barrios po-pulares en la provincia de Buenos Aires, donde viven 308.614 familias, unas 982.977 personas. La mayor concentración se halla en el Gran Buenos Aires: son 1.104 barrios populares, en los que viven 247.082 familias, con una cantidad cercana a las 800 mil personas.
En ese marco adquiere vital im-portancia la creación del Certificado de Vivienda Familiar, que permite a las familias acreditar su domicilio y acceder a servicios básicos, como agua corriente, cloacas, energía eléctrica y red de gas. Así, las familias relevadas podrán solicitar estos
servicios y comprobar su domicilio ante cualquier autoridad, entes y empresas privadas.
Con la mira puesta en ganar distritos enemigos, como Hurlingham, Esteban Echeverría, San Martín o Tigre, y “pegarles un sus-to” a otros por ahora difíciles de conquistar -La Matanza-, e incluso conservar posiciones ganadas, como Quilmes o Morón.
Con ese plan sobre el mapa, de los 63.308 certificados entregados hasta ahora en el país, 44.731 (71%) corresponden a la provincia de Buenos Aires, de los cuales 35.477 son del Gran Buenos Aires.
¿Beneficio para miles de personas que se encuentran en situación de marginalidad legal? Sí, claro que sí. ¿Herramienta electoral? Puede que también. Aunque, como señaló Juan Carlos Alderete, líder de la Corriente Clasista y Combativa, “si es una utilización política para que se regularice la situación de la gente, que sigan adelante”.
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