Tras un nuevo episodio violento ocurrido en una propiedad privada durante el fin de semana pasado en Villa Mascardi, el Gobierno de Arabela Carreras, pidió un rol más activo por parte del INAI. 

En este sentido expresó que el organismo debería tener “pronunciamiento de otra manera” por el conflicto de Villa Mascardi y que sepa diferenciar a las comunidades mapuches pacíficas de “un grupo de inadaptados violentos”.

 “Tenemos que tener todos una postura clara de rechazo a la violencia”, sostuvo la Gobernadora en diálogo con la radio de Bariloche El Cordillerano. 

El INAI “debería pronunciarse de otra manera, debería poder distinguir a la gente pacífica que también tiene sus reclamos de un grupo de inadaptados violentos”, enfatizó. Más adelante señaló que en la comunidad cuestionada “son 3 o 4 violentos”.

En un comunicado oficial de la provincia se indicó además que la mandataria considera que la estrategia de Nación adoptada “no está dando buenos resultados y la violencia continúa” y que no conoce con claridad cuál es la postura de nación.

 “No reconocemos las reivindicaciones ni la presencia en el lugar de esta autodenominada comunidad. Consideramos que es una ocupación ilegal y defendemos a los vecinos que pacífica y legítimamente habitan la región”, informó la provincia.

Por su parte propietarios y vecinos de viviendas violentadas e incendiadas reclamaron al presidente Alberto Fernández “el reconocimiento expreso de la soberanía argentina en el Parque Nacional Nahuel Huapi”. Demandaron “su intervención a través de las fuerzas federales de seguridad para el desalojo de los intrusos y la posterior custodia efectiva del territorio de dominio público y privado, de este ambiente natural en zona de frontera especialmente protegido por nuestra legislación”.

Odarda envió una nota a Carreras en respuesta a las declaraciones que hizo la Gobernadora. En ella aclaró que “el accionar de INAI se circunscribe a efectivizar el respeto a las pautas culturales y a la defensa de los derechos específicos reconocidos al pueblo indígena” y recalcó que “el instituto no dispone de funciones jurisdiccionales. El INAI no acusa, no procesa, ni juzga”. En este sentido condenó los actos de violencia ocurridos. 

 Y agregó: “la responsabilidad en el abordaje por los distintos hechos denunciados en jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales desde el año 2017 no solo es del gobierno nacional. Cualquier otro enfoque, implica caer en un simplismo que no se corresponde con las facultades concurrentes entre el gobierno federal y provincial”.

 “Compete a la provincia garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales de todos los habitantes del suelo rionegrino, sin discriminación alguna”.

“Estamos convencidos de que la represión, la participación del aparato de inteligencia del Estado y la formación de comandos especiales aplicado en la criminalización de miembros de pueblos indígenas, ha traído muertes y una grave violación de los derechos humanos”, dijo Odarda.