En la última sesión del Senado bonaerense, y luego del apoyo inicial en la Cámara de Diputados, se aprobó la expropiación de terrenos para la construcción de cárceles. La medida fue impulsada desde la cartera de Justicia y Derechos Humanos que conduce Julio Alak.

La propuesta se puso en marcha con el OK para declarar de utilidad pública y expropiar seis predios en cinco distritos: Quilmes, Tigre, Moreno, La Matanza y Merlo. Además de una polémica iniciativa para levantar muros en municipios del corredor de la ruta 6. 

El tratamiento rozó la discordia y generó problemas internos en el Frente de Todos. Es que, el malestar abunda entre los jefes comunales a la hora de recibir nuevas dependencias para el alojamiento de privados de su libertad.

En definitiva, desde el Gobierno sostienen que apuntan a acercar el lugar de reclusión de los detenidos a sus familias y descomprimir la explosiva superpoblación en centros de detención y –especialmente las comisarías. Todo, en el marco del denominado “Plan de Infraestructura Penitenciaria”, que contempla levantar 30 alcaidías y 8 unidades penitenciarias a lo largo de diez años, para lo cual, los jefes comunales deberán buscar terrenos de, al menos, dos hectáreas para emplazarlas. 

El primer paso incluirá seis alcaidías en los distritos del Conurbano mencionados, con capacidad para 300 personas cada una. Allí surge el primer conflicto interno que han puesto algunos intendentes.

“No tenemos terrenos disponibles”, sostuvo uno de ellos, por lo que la alternativa de la expropiación a privados surge en el horizonte. 

Así, las cárceles aparecen como un dolor de cabeza para los jefes comunales después del visto bueno que le dio la Legislatura. Ahora, los alcaldes esperan la letra final de la promulgación del gobernador, Axel Kicillof.