La llegada a la presidencia de Néstor Kirchner en mayo del 2003, marcó para muchos una nueva forma de manejarse en lo más alto del poder nacional en muchos sentidos, entre otros, el de no represión de la protesta social y el de un manejo consensuado con las organizaciones sociales.

La historia política de nuestro país ha tenido diversa cantidad de sucesos que han llevado la relación entre gobierno y sociedad a límites muchas veces insostenibles, lo que termina por ensuciar una relación que en pocas ocasiones es feliz y que suele enturbiarse en forma sistemática ante cualquier clase de hechos.

El corte del Puente Internacional General San Martín sobre la ruta 136 que viene manteniendo desde hace más de tres años la Asamblea Ambiental de la ciudad de Gualeguaychú en reclamo de la instalación de la pastera Botnia-UPM sobre el margen del Río Uruguay, significó para el kirchnerismo un fuerte dilema sobre la táctica a utilizar para acabar con un corte que viene teniendo repercusiones en las relaciones diplomáticas que se tiene con el vecino país.

La llegada al poder de José “Pepe” Mujica dejó de lado las malas relaciones que se venían sosteniendo con Tabaré Vázquez y el comienzo de una forma distinta de encarar las relaciones bilaterales. Es por eso que desde el gobierno nacional hace meses que se les viene pidiendo a los asambleístas de la ciudad entrerriana que acaben con el corte en Arroyo verde y den paso a una actitud más “negociadora”, dejando de lado la intransigencia que determina cortar un paso internacional.

Desde la Asamblea Ciudadana se les ha contestado que no en forma rotunda todas las veces que ha habido diálogo con funcionarios del gobierno nacional, y creen que este accionar del gobierno se debe más que nada a la esperanza de que con el fin del corte, se acabe una de las problemáticas que tiene el kirchnerismo de cara a las elecciones del 2011.

Ante la decisión del juez subrogante de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, de levantar el corte sobre el Puente y pedirle al gobierno que mande la Gendarmería para hacer uso del libre tráfico en el mismo, el gobierno decidió dejar de lado su política histórica y presentó ante la Justicia "una denuncia penal con nombres y apellidos", en la causa contra quienes cortan el puente que une Gualeguaychú con Fray Bentos.

La Asamblea de la ciudad entrerriana salió a replicarle ayer al gobierno en un comunicado, donde dijo que “sólo la política resolverá este conflicto, Arroyo Verde somos todos y no daremos un paso atrás en nuestra lucha. Nunca el Poder Judicial y la actitud del Gobierno Nacional que se erige en defensor de inversiones extranjeras absolutamente ilegales, que el bienestar de los vecinos ya afectados por la contaminación de Botnia. Tampoco enancándose en denuncias egoístas de vecinos que en lugar de solidarizarse prefieren su comodidad personal y se olvidan del medio ambiente”.

El dilema del gobierno nacional que por un lado dice no judicializar la protesta social y critica a los componentes de la política cuando van a la Justicia por alguna clase de conflicto que se genera por alguna acción del gobierno nacional, y por el otro, realiza una sutil forma de represión como es el haber judicializado el tema del corte al puente internacional en Gualeguaychú

Este doble accionar del gobierno, tan típico de la clase dirigente nacional, no hace más que dejar en claro el doble discurso del kirchnerismo, que dice trabajar por la concordia y la unificación de los argentinos, y por el otro lado le atribuye distintas culpas sobre los males de la Nación a los que no comparten su ideología o maniobrar político.

La vía judicial que propone el gobierno para terminar con un conflicto que divide aguas en la sociedad argentina, no hace más que tensar una relación complicada que se tiene con la comunidad de Gualeguaychú, que data de hace mucho tiempo, y que tuvo epicentro en el año 2008 cuando luego de la detención en la ciudad entrerriana de Alfredo De Angeli en medio del conflicto entre el campo y el gobierno, le significara el primer cacerolazo en contra a la gestión kirchnerista.

Cuentan los que conocen al dedillo lo que se vive dentro de la Quinta de Olivos, que la decisión del gobierno se da luego de haber consultado varias encuestas de consultores afines al pensamiento K, que dicen que la mayor parte de la sociedad vería con buenos ojos el acabar con una protesta que paraliza las relaciones de la Argentina con el Uruguay.

Quienes llevan largos años en política y se han interiorizado sobre el reclamo de los gualeguaychenses, aseguran que el tema es demasiado complejo y remarcan que sería un error por parte del gobierno nacional tomar medidas pensando en lo que dicen las encuestas y que podría supuestamente beneficiarlos de cara a las elecciones presidenciales del año que viene.

La que alguna vez Néstor Kirchner llamó una “causa nacional”, se ha convertido en la mayor protesta ambiental de la historia argentina, que enseña a las futuras generaciones a pelear por los intereses del medio ambiente como nunca antes se ha dado en la Argentina , y que ha puesto la problemática ambiental en el centro de la escena política como nunca antes en nuestro país.