Antonio Toledo descansa tranquilo. Logró que le condonaran parte de la deuda que tenía con el Municipio de Mar del Plata y, de esta manera, evitó la quiebra de su grupo empresarial.

En la ordenanza, aprobada por el Deliberante, que le permitió este beneficio con la exención de 600 mil pesos de la tasa de Inspección, Seguridad e Higiene, no quedó rubricado lo que el beneficiado debía dar a cambio. Y muchos aseguran que el empresario ya estaría calculando financiar algunas de las campañas electorales de oficialistas y opositores. Al menos, de aquellos ediles que aprobaron la medida.
Nada parece justificar la decisión de los concejales y el intendente, Gustavo Pulti, que promulgó la ordenanza.

El grupo Toledo, radicado desde hace más de 20 años en la Provincia, posee en la actualidad una red de supermercados (con un hiper en la ciudad balnearia) con 32 sedes.

También tiene unas 20 tiendas de descuento Ahorro Fácil y un establecimiento avícola y agroporcino en el parque industrial de Mar del Plata; además de un criadero y una planta faenadora de cerdos en Mar Chiquita.

Con una facturación anual de 400 millones de pesos promedio, y la expansión en la exportación de aves, no parece ser una firma en situación de cuasi bancarrota.
El concurso preventivo que atraviesa no justifica una quiebra. En realidad, y
de acuerdo a lo que muchos sospechan, le permite negociar a su gusto las deudas que tiene contraídas con sus acreedores.

“Ellos mismos provocaron esta situación judicial: dejaron de pagar muchas de sus cuentas para no tener que responder ante sus trabajadores, los acreedores y el Estado”, afirman desde el sindicato de Trabajadores de Plantas Faenadoras y Procesadoras de Aves y Afines. Su secretario general, Rubén Godoy, realizó la denuncia penal y la presentación ante la Defensoría del Pueblo, para que se deje sin efecto la condonación.

“En el informe requerido a la Contaduría municipal se desaconsejó la condonación de deuda, al igual que el Tribunal de Cuentas provincial, que tampoco la autorizó”, dice la presentación.

Además, existe la duda sobre la legalidad de la medida, ya que, según la ley 14.048, el Municipio solamente puede condonar tasas a organismos o sociedades de bien público que brinden un servicio a la sociedad.

“La ley está destinada a mejorar la distribución del ingreso de los sectores vulnerables y entidades de bien público, y no para concentrar aún más los mismos, beneficiando a grandes empresas comerciales”, asegura Julio Hikkilo, abogado del denunciante.

Los concejales Vilma Baragiola (UCR), Martín Aiello (Acción Marplatense) y Mario Lucchesi (Movimiento Peronista) presentaron el proyecto de ordenanza. La excusa fue preservar la fuente laboral de 2.700 trabajadores del supermercado que, se suponía, quedarían sin empleo si la firma quebraba. Sin embargo, nunca se comprobó que esta situación judicial fuera así. De hecho, sucedía todo lo contrario.

La ordenanza habilitaba la posibilidad de que otras empresas pidieran iguales beneficios.

Al momento de redactar la iniciativa no se evaluó la situación global de la empresa. Toledo jamás pagó la tasa de Seguridad, y la condonación corresponde sólo a los últimos cinco años, ya que los anteriores prescribieron. Sostuvo, además, una muy irregular relación laboral con sus empleados.

De acuerdo a las reiteradas denuncias del sindicato de Trabajadores de Plantas Faenadoras, tuvo procesos de despido indiscriminado, sin el pago legal, contrato en negro, en malas condiciones, y redujo varias veces los salarios.

A esto se suman las denuncias públicas, que en breve se elevarán a la Justicia, por parte de vecinos de la ciudad, asociaciones de fomento, sindicatos y cámaras
empresariales (CAMECO-APYME), en rechazo a la ordenanza y en reclamo a un tratamiento igualitario. “La condonación de deuda al sector empresarial constituye un notable privilegio, que no se concede a los demás ciudadanos, y se los excluye en iguales circunstancias”, indica el escrito que se presentará en estos días.

Desde el Ejecutivo marplatense Pulti decidió no manifestarse al respecto, aunque firmó sin demoras el decreto que reglamenta la ordenanza. Y en el Concejo Deliberante continúan argumentando que debían preservar, por sobre todas las cosas, las fuentes de trabajo.

Fuente: Revista La Tecla