El asesinato de Diego Bonefoi, un chico de 15 años que estaba reunido con amigos, y que las fuerzas policiales al creerlos delincuentes, dispararon al cuerpo, dándole a Diego en la cabeza, ocasionándole una muerte instantánea, desató toda una polémica alrededor del accionar de las fuerzas de seguridad en la Argentina.

La posterior muerte de otras dos personas en las manifestaciones que se hicieron luego del lamentable suceso, sumado a la movilización de un sector de la población barilochense a favor de la policía, dejó en claro a una sociedad partida y con reminiscencias de un pasado que la inmensa mayoría de los argentinos quiere olvidar.

El día sábado a la tarde, Favio Bonefoi, hermano de Diego, se encontraba volviendo de una entrevista laboral de un hotel de la ciudad con un amigo, cuando ambos fueron “levantados” por personal policial, llevados a una comisaría de la zona, donde fueron golpeados, torturados y amenazados de muerte, llegando incluso a introducirle al compañero de Favio una pistola 9 mm en la cabeza.

Los hechos fueron denunciados por Sandro Bonefoi, papá de Favio y Diego, que fue a la comisaría al enterarse del suceso y después de muchas idas y vueltas, y ante la presencia del abogado de la familia, recién le dieron noticias sobre su hijo y su amigo, cuando hasta hace unos momentos le negaban la detención y que los chicos estuvieran en el lugar.

Favio, de 18 años de edad, presenta claras muestras de golpes e intento de ahorcamiento y terminó realizando la denuncia ante la fiscalía. También denunció que fue amenazado de muerte y le advirtieron que no transite por el centro de la ciudad.

Sucesos como los relatados con anterioridad, pasan diariamente en distintos rincones de la Argentina , sin que los mismos tengan una investigación seria por parte de las autoridades, que parecen más reflejar las diferencias de clases entre los que más y menos tienen, que en brindar soluciones para los más desprotegidos del sistema.

Con un país lleno de “desparecidos sociales”, que son aquellos que han quedado virtualmente afuera de toda posibilidad de crecimiento o participación, por mínimo que fuera, del sistema, es imposible que la Argentina pueda tener un período de crecimiento que avizore una situación menos compleja de cara al futuro.

Los organismos defensores de los derechos humanos, afirman que desde la vuelta de la democracia en 1983 a la fecha, ha habido más de 3.000 muertes relacionadas con el gatillo fácil, que involucran a miembros de las distintas fuerzas de seguridad a lo largo y ancho de la Argentina.

El de Diego Bonefoi, se suma a una larga lista de nombres víctimas del gatillo fácil que sacuden las mentes de los argentinos, como los de Walter Bulacio, Rubén Carballo, Roberto Hernán Cedale, Andrea Viera, Luciano Arruga, Claudio “Pocho” Lepratti, Damián Barzabal, Darío Santillán, Maximiliano Kosteki, Luciano Arruga, Miguel Brú, Jorge Julio López, Diego Lucena, Darío Galarza, Carlos Ávalos, Sergio Guzmán, Sebastián Bordón, entre tantos otros.

En todos estos casos que detallamos anteriormente, hay algo que los une, y es que la mayoría de ellos son jóvenes de 15 a 30 años, provenientes de la clase media, media baja y baja, que usan aros, pelo largo, se visten como cualquier chico de su edad, y que la mayor parte de las veces son víctimas de un accionar policial que busca en los barrios marginales la mano de obra barata para la comisión de delitos.

Mientras en el país se continúe atacando las consecuencias de años de decadencia, en vez de las causas de las mismas, la Argentina parece no tener un futuro cargado de certidumbre y confiabilidad. Si desde la Justicia y el poder político, se fomenta la impunidad para los que cometen delitos de gatillo fácil en las fuerzas de seguridad, el mismo seguirá creciendo, ya que ante la inmunidad que se les da desde el poder, los violentos ganan terreno y la sociedad vive sumergida en el miedo, la injusticia y la desesperanza.