Actualizado: Miércoles, 30 julio 2014
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La Plata
Tierras fiscales: Río negro for sale
Pese a que existe una ley que regula la adquisición de tierras fiscales, se denunciaron negocios donde éstas fueron vendidas a precios irrisorios. Hay funcionarios implicados
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La problemática de la tierra, que hace tiempo viene siendo motivo de preocupación y polémica en Río Negro, desató un nuevo escándalo. Esta vez no fue por la extranjerización de los lotes que concentran los principales recursos naturales de la provincia, ni por la concentración en manos de grandes terratenientes. Fue por la venta de tierras fiscales a valores irrisorios que, en algunos casos, alcanzan los $ 27 la hectárea, a compradores que no reúnen las condiciones que estipula la ley, porque ya son propietarios de tierras o porque planean darle un uso inmobiliario y no agrario como exige la ley.

Además, en las denuncias hay involucrados funcionarios provinciales. Uno de ellos por la compra de lotes, y otros por venderlos haciendo caso omiso a lo que establece la legislación. Cinco son los casos detectados, cuatro están en la Justicia y el otro está siendo indagado por una comisión legislativa. Los que están en la Justicia fueron denunciados por dos legisladores del bloque Foro Rionegrino, quienes detectaron que 25.142 hectáreas diseminadas por la provincia, pero concentradas mayormente en la zona de El Bolsón, fueron vendidas a $ 1.924.441, es decir, a $ 76,5 la hectárea. En el otro caso, un lote que está valuado en un millón de pesos en Mallín Ahogado, fue vendido a $ 28 mil.

Antecedentes y nuevas denuncias

Las irregularidades vienen desde 2006. Se trata de claras violaciones a la ley 279 que regula la adjudicación de tierras fiscales en la provincia. Según esa ley, las tierras deben tener una finalidad social y el destino debe ser la explotación agrícola. Por ello, los adjudicatarios deben cumplir una serie de requisitos que garanticen que tienen trayectoria o habilidades en el trabajo rural y fundamentalmente que no sean propietarios de otros terruños.

Entre los puntos más importantes, la ley prohíbe que los adjudicatarios de la tierra las vendan a terceros antes de los cinco años. Pasado ese plazo, para venderlas deben pedir autorización a la autoridad de aplicación, que es la subsecretaría de Tierras, Colonias y Asesoramiento Técnico Institucional, que tiene que asegurar que los compradores reúnan las condiciones impuesta por ley. Si el Estado comprueba que los interesados en comprar no reúnen los requisitos, puede hacer uso del decreto de Preferencia y quedarse con las tierras. Pero pese a la ley, los organismos de control no hicieron su parte y hoy las tierras son explotadas con fines inmobiliarios y están en manos de propietarios de otras tierras.

El primer caso de irregularidades por venta de tierras fiscales que motivó un escándalo político fue denunciado por vecinos de El Bolsón. Allí, el Estado provincial vendió a $ 28 mil 32 hectáreas en la zona de Mallín Ahogado, que están valuadas en un millón de pesos. El beneficiado fue un hombre que ya contaba con tierras fiscales y al momento de obtener las 32 hectáreas ya había anticipado su pretensión de realizar un emprendimiento inmobiliario y no agropecuario. Esta situación derivó en la creación de una comisión legislativa encargada de investigar cómo se originó esa operación y en el análisis de un proyecto de expropiación de esas tierras.

Tras la polémica, los legisladores del bloque Foro Rionegrino, Luis Bonardo y Luis Bardeggia, denunciaron cuatro casos, valiéndose de la documentación aportada por el Ingeniero Jorge Belacín, secretario de Tierras, tras varios pedidos de informe solicitados por la vía legislativa. En todos los casos denunciados se trataba de particulares que compraban tierras fiscales al Estado, para venderlas a terceros. Y no solo se violaron los plazos que especifica la ley para poder venderlas, sino que las tierras fueron a parar a personas que ya poseían grandes cantidades de hectáreas, que explotan con fines ajenos a los agropecuarios. En tres de los casos denunciados hay un funcionario público implicado. Se trata del director de la Empresa Forestal Rionegrina (ENFORSA) que en una de las operaciones fue un directo comprador y en las otras participaron su mujer y su socio. La conclusión de los legisladores denunciantes es que la compra al fisco fue realizada en realidad por personas que ya tenían la intención de venderlas, previo trato con los futuros propietarios.

La respuesta del Estado

Por medio de un comunicado y a través de la subsecretaría de Tierras dirigida por el ingeniero Oscar Belacín, el gobierno provincial salió a dar respuestas.

El Ejecutivo calificó de “ignorantes” a los legisladores que realizaron la denuncia, porque desconocían los decretos que regulaban la formación de precios de las tierras fiscales en la provincia, y que éstos las valuaban de acuerdo a su naturaleza, ubicación y aptitud productiva del suelo. Añadieron que esos decretos fueron elaborados por organismos municipales y provinciales, entre los que se cuentan el INTA, el Ente de Desarrollo de la Región Sur, entre otros, y que por ello la fijación de esos precios “está muy lejos de ser la voluntad unilateral de algún funcionario de esta Subsecretaría”.

Asimismo, el Estado rionegrino apuntó que la cláusula que prohíbe la re-venta de la tierra, antes de los cinco años fue creada en resguardo del interés de los particulares y no del público o provincial. Y no tuvo reparos en asumir que nunca se cumplió porque “va en detrimento de los propios particulares y no afecta intereses de la provincia”. Así defendió la propiedad privada en detrimento del interés público diciendo que “impedir que el particular titular de la tierra venda a un tercero, sería menoscabar en detrimento del derecho de propiedad, resguardado por la Constitución Nacional y Provincial”. Pese a que la ley declara “de orden público las prescripciones de esta ley”, es decir que ni el Estado ni los particulares pueden apartarse de esta legislación, los funcionarios reconocieron que no aplicaron la cláusula que prohíbe la venta antes de los 5 años. Y se justificaron diciendo que cayó en desuso, tras 30 años de no utilización. Respecto a la imposibilidad de adquirir tierras fiscales por parte de funcionarios, reconocieron la ley diciendo que ésta solo detalla que no pueden comparar los que trabajan hoy en la subsecretaría de Tierras. Y nada dice acerca de los directivos de ENFORSA.

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