El Polo Petroquímico de Bahía Blanca -uno de los más grandes del país- está ubicado en la localidad portuaria de Ingeniero White, que tiene una población de 12 mil habitantes, y está a escasos 10 Km del centro urbano bahiense. Una distancia demasiado corta tomando en cuenta que esos complejos con alta peligrosidad ambiental deberían situarse como mínimo a 100 kilómetros de las zonas urbanas.

Está compuesto por tres tipos de industrias: la petrolera, la petroquímica, y la química. Las firmas más importantes que lo integran son PPB Polisur, propiedad de Dow Chemical Company, que produce etileno y polietileno;   Compañía Mega -una sociedad anónima cuyos accionistas son YPF SA, Petrobras y Dow Argentina- que también genera etileno, materia prima de polietilenos y PVC;  Profertil SA - integrada por Repsol-YPF SA y Agrium Inc.- que produce urea granulada y amoníaco líquido; y Solvay Indupa, que produce PVC.

Estas empresas, que aportan a la economía bahiense unos $ 125 millones anuales, y que generan ganancias anuales de 2.200 millones de pesos, les cobran al conjunto de la sociedad altos costos. Es que los $ 5 millones de pesos que pagan en concepto de tasa ambiental, no pueden equilibrar ni saldar los daños que causan diariamente y son irreparables en el medio ambiente, según diversos especialistas consultados por Desafío.

Primero, las consecuencias se percibieron en el aire. Bahía Blanca fue escenario de escapes de sustancias tóxicas que solo por cuestiones de azar no acabaron en catástrofes. Y hace poco se sumó la consecuencia marítima: debido a la gran cantidad de afluentes que las empresas arrojan a la ría, los pescadores están viendo amenazada la actividad que desarrollaron durante años y que históricamente definió a Ingeniero White. Este año, los análisis realizados por los laboratorios más prestigiosos confirmaron que la poca fauna marina que sobrevive en la ría tiene altísimos niveles de sustancias químicas.

Lo llamativo es que el OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable) asegura que la contaminación es mínima y que la pesca se puede seguir desarrollando. Además de ese organismo de control provincial, existen otros municipales que frecuentemente se enfrentan con los intereses provinciales. Y mientras ello ocurre, los bahienses aprendieron a convivir con dos realidades: la oficial, para la cual no hay peligros en la salud de los habitantes, ni en el ambiente, y la otra. Esa que, lamentablemente, padecen a diario.

Los daños ambientales

Numerosas denuncias de asociaciones ambientalistas se vienen registrando desde hace décadas. Tienen argumentos: los estudios que confirman los altos niveles de contaminación abundan, y se suman a las ingratas experiencias que ya vivió la comunidad de Bahía Blanca y con cuyo peligro se está habituando a convivir.

Pese a que desde 1995, las industrias del Polo Petroquímico trabajan con el programa de seguridad y emergencias Apell, los procedimientos de ese sistema no pudieron evitar hechos que aún guarda la memoria colectiva.

El más grave ocurrió el 20 de agosto de 2000. Se trató de un escape de cloro en la Planta Solvay Indupa por un período de 25 minutos y con ello, la formación de una inmensa nube de cloro, a la que afortunadamente el viento llevó en dirección al mar. Si el azar hacía que ese día el viento sople en otra dirección, como lo hace habitualmente, Bahía Blanca todavía estaría padeciendo las consecuencias de la catástrofe que podría haber generado. Fue la suerte la que hizo que no haya que evacuar a la población, aunque no pudo evitar que se registren personas afectadas. Hasta las máximas autoridades de la empresa reconocieron que la nube tuvo características tóxicas y altamente peligrosas.

Ese hecho marcó un punto de inflexión en la conciencia ambiental de la sociedad. Y fue el puntapié que motivó la conformación de varias asociaciones ecologistas y la creación de organismos de control y hasta de una ley que “regule” la contaminación.

Pero eso no es todo. Cuando la gente todavía no alcanzaba a salir de su asombro, y a tan solo 8 días de ese accidente, se produjo un escape de amoníaco en la empresa Profertil.

Las consecuencias otra vez las pagó la gente. Hubo decenas de hospitalizados por la inhalación de la sustancia. La secretaría de Política Ambiental de la Provincia clausuró la empresa por unos días, y cuando la volvió a abrir, el accidente se reiteró. Y otra vez, hubo personas internadas.

Esos escapes de sustancias fueron los más graves, pero según la organización ambientalista 20 de Agosto -cuyo nombre se lo debe al escape de cloro-, solo en los siguientes cinco años se produjeron otros 30 incidentes de conocimiento público, aunque con consecuencias menos graves. Y si bien la cifra mermó, siguen ocurriendo en la actualidad.

A la contaminación del aire, se le suma la del agua. Ya en 1999, un informe de Greenpeace denunció la presencia de desechos industriales en la ría. Allí encontraron una concentración de mercurio 300 veces superior a lo permitido por las normas vigentes, y detectaron la presencia de plomo, clorobencenos, hidrocarburos aromáticos y cadmio. Pero las consecuencias de arrojar esos desechos recién se empezaron a percibir este año cuando los pescadores no encontraron más riqueza ictícola en la ría debido al alto grado de contaminación.

Lo llamativo es que no solo se tuvieron que enfrentar con esa cruda realidad, la de la pérdida de una fuente de trabajo que alimentó a varias generaciones de cada familia, sino también con la burocracia oficial que se empeñaba en negarla.

Para fundamentar la falta de peces en la contaminación, la Cámara de Pescadores Artesanales de Ingeniero White realizó este año un análisis del agua con el laboratorio Fares Taie Institutos, con sede en Mar del Plata. Esos estudios confirmaron la presencia de metales pesados, con niveles de plomo que superan entre 30 y 40 veces los que fija la ley 24.051, y entre 70 y 100 lo que toleran los parámetros internacionales.  Pero, esos estudios no fueron reconocidos por la OPDS.

Ese organismo efectuó los mismos análisis, pero en esas muestran aseguran que no encontraron indicios de contaminación. Eso bastó para que José Molina, responsable del OPDS, desestimara las reiteradas denuncias de los pescadores y para que la Gobernación de la provincia de Buenos Aires levantara la veda de pesca.

Pese a que para los organismos provinciales no hay problemas en la ría bahiense, los pescadores hoy vuelven cada día con los barcos vacíos, sin lograr capturas que les permitan cubrir los costos. Y si lo hacen, tienen que lidiar con su propia conciencia por saber a ciencia cierta que esa fauna está contaminada.
Más reclamos

A esos reclamos se suman otros que padecen los bahienses, y principalmente, los vecinos de Ingeniero White. Pese a que abundan los testimonios y los informes periodísticos que aseguran que el porcentaje de enfermos de cáncer en las zonas próximas al Polo son altísimos, ninguno de estos casos se ven materializados en las cifras oficiales. Un estudio convocado por la Municipalidad de Bahía Blanca y realizado por el Instituto Nacional de Epidemiología “Dr. Juan H. Jara” de Mar del Plata, analizaba los casos de cáncer registrados en el período 1989-2002 comparando el área petroquímica y otras zonas más alejadas del radio urbano bahiense. El resultado: no se confirmaba un incremento en los riesgos de cáncer en comparación con el resto de Bahía Blanca.

Pese a ello, el doctor Carlos Carignano, del área de Epidemiología Ambiental de la Municipalidad, aseguró a los medios locales que en Ingeniero White hay más enfermedades respiratorias de tipo inflamatorio que en cualquier otra zona.

A eso se suman los perjuicios habitacionales que ahora tienen los vecinos de Ingeniero White. Los valores de las propiedades descendieron abruptamente, ya que nadie quiere comprar una casa que tiene como paisaje permanente una nube negra que emana de las chimeneas del Polo, ni convivir con los ruidos permanentes que producen las industrias. Ni mucho menos, naturalizar la convivencia con un plan de evacuación, por si ocurre alguna eventualidad en las plantas petroquímicas. Y así como nadie quiere comprar, nadie las puede vender.

Los controles

El escape de cloro del 2000 generó una redefinición de la política ambiental y la sanción de la ley provincial 12.530, que trasladó el control al municipio bahiense y creó el programa especial para la Preservación y Optimización de la Calidad ambiental, cuyo ámbito de aplicación es el Polo Petroquímico y la zona portuaria.

Este programa establece dos organismos encargados de monitorear la contaminación: el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) y el de Control y Monitoreo, integrado por representantes de universidades, gremios y organizaciones sociales. Hoy, el CTE reconoce que más allá de los controles estrictos que ejerce el organismo existe una contaminación del ambiente y de la ría que consideran “inevitable”.

Lo llamativo, o paradójico por lo menos, es que el CTE se financia con recursos que aportan las mismas empresas en concepto de tasa ambiental. Una suerte de impuesto que oficia de permiso para contaminar.

Además de ese comité, la ley establece el funcionamiento del Comité de Control y Monitoreo, organismo consultivo y de asesoramiento integrado por Organizaciones no Gubernamentales, Sociedades de Fomento, Universidades, Organizaciones Ecologistas, secretaría de Política Ambiental y Municipalidad de Bahía Blanca.

También está el OPDS, que pese a su actitud poco inquisitiva con las industrias, tiene las facultades de evaluación de las infracciones y sanciones, en el caso de que sean pertinentes. Por otra parte tramitan y, si corresponde, renuevan los certificados de aptitud ambiental y los permisos de descarga de emisiones gaseosas a la atmósfera. Según el caso, se acercan hasta Bahía Blanca para efectuar monitoreos en el estuario bahiense y controlan el cumplimiento de las empresas respecto a la generación de residuos peligrosos y aparatos sometidos a presión, entre otras cosas. En poco tiempo estará habilitada en Bahía Blanca una oficina de este organismo para tener una presencia más cercana con el foco de industrias contaminantes, quizás un vínculo más estrecho con la realidad no oficial