El pasado viernes 17 de diciembre, por decisión de la Justicia salteña, personal de la Policía provincial y de Gendarmería Nacional, desalojaron a cinco familias de la comunidad originaria del paraje Las Pailas de Cachi, tierras que les pertenecen a esta comunidad ancestralmente, desatando un nuevo despojo contras los pueblos originarios en nuestro país.

Los miembros de la comunidad Diaguita-Calchaquí, que viven en esas tierras desde hace más de 100 años, se sienten desprotegidos por parte de las autoridades provinciales y nacionales, y desde hace mucho tiempo que vienen bregando por ser oídos, sin que hasta el momento no se hayan tendido puertas de diálogo por parte del gobierno.

Los aborígenes, como una parte de la población argentina, están sujetos a las leyes del Estado nacional. Sin embargo, los pueblos originarios han sufrido a lo largo de su historia diversos modos de discriminación, genocidio y explotación. Los resultados en el tiempo de estos distintos tipos de violencia fueron también el despojo de sus tierras, la desaparición de identidades, y la condena a la desigualdad en el aprovechamiento de las oportunidades para el desarrollo individual y social.

Ante este estado de situación, la Agencia de Noticias CNA, se puso en contacto con Ambrosio Casimiro, Delegado de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND), quien sostuvo que “estamos con mucho miedo y nos sentimos solos más que nada, y la única manera de seguir es resistir y continuar hasta donde nosotros podamos”.

El líder indígena agregó que “incluso hay rumores en la zona de que se pueden producir otros desalojos en el mismo lugar donde está la comunidad Diaguita-Calchaquí de Las Pailas. Son 4 comunidades las que están en la zona, y que tienen los mismos problemas con terceros, hablamos más o menos de 1.200 personas”.

A pesar del doloroso y tremendo desalojo que hubo, “nosotros vamos a volver a tomar posesión del territorio porque somos preexistentes, por lo tanto tenga o no personería jurídica, hemos trabajado cientos y cientos de años en el territorio“, destacó Casimiro.

En ese sentido, sentenció: “Sentimos que fueron violados todos los derechos de los pueblos originarios, ya que habiendo una ley como la 26.160 que suspende los desalojos hasta 2013, así como también los actos procesales y administrativos de las comunidades, y nos amparamos en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional que reconoce la preexistencia cultural de los pueblos originarios y donde dice que se tenga o no personería jurídica, el Estado la tiene que otorgar. Es el Estado nacional quien tiene la obligación de regularizar el título de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias”.

“De ahora en más, queremos ser oídos en forma directa por el INAI, porque vemos que el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta y la Subsecretaría de Pueblos Originarios, son inoperantes y no están trabajando con las comunidades. A pesar de que desde Nación se ha bajado cierta cantidad de dinero para poder hacer el relevamiento territorial, desde la provincia no se ha hecho absolutamente nada”, remarcó.

La decisión de la Justicia de desalojar estos territorios se dio luego de una denuncia presentada por el supuesto propietario de la finca, el empresario Carlos Alberto Robles, a quien los miembros de la Comunidad Las Pailas dicen conocer poco. “Sólo dos miembros de la comunidad conocen a este empresario, nunca tratamos nosotros con él”, afirmó Casimiro.

Y continuó: “Es un empresario que llegó al territorio hace dos años aproximadamente y los motivos que lo llevan a hacer esta denuncia ante la Justicia , es que desea vender estas tierras que supuestamente dice él que las compró, pero es evidentemente una maniobra para el desarrollo turístico. Nosotros vamos a defender a muerte el territorio y vamos a continuar en asamblea”.

Finalmente, el delegado de la UPND expresó que “no hay ninguna política de Estado que trabaje en forma profunda las comunidades indígenas, estando totalmente abandonadas todas las comunidades, no sólo la de Las Pailas, sino otras comunidades de otras partes de Salta que están sufriendo estos atropellos de desalojos, problemas procesales y administrativos y todas esas cuestiones”.

En contraste a esto, aseveró que “vamos a hacer una Asamblea y decidiremos tomar posesión nuevamente del territorio, vamos a reconstruir todos los daños que se han hecho, vamos a volver a levantar nuestros cultivos y continuaremos en nuestro territorio, porque es lo que nos da vida y donde están nuestras raíces”.

“Para nosotros la tierra es algo mucho más profundo, no es un negocio, sino que en la parte espiritual, de las costumbres, de la cultura, de los ritos, de la Pachamama , poder cuidar nuestras cabras en las cerranías, es todo esto lo que contiene la naturaleza de la zona, que nosotros cuidamos porque es la vida misma nuestra tierra”, concluyó Casimiro.