Así, en su informe la
UCA advirtió al gobierno de Mauricio Macri sobre la falta de
"protección social" ante las medidas adoptadas en 8 meses de gestión,
al tiempo que le atribuye la creación de 'nuevos pobres' y le pide "una
distribución socialmente más equitativa de los costos del ajuste y de los
recursos disponibles".

“Tiempo de balance: deudas sociales pendientes al final del Bicentenario.
Necesidad de atender las demandas del desarrollo humano con mayor equidad e
inclusión social” es el título del informe que fue presentado ayer en el campus
Puerto Madero de la UCA
por el rector de la casa de estudios, monseñor Víctor Manuel Fernández; y el
director de investigación del Observatorio de la Deuda Social, Agustín
Salvia, con comentarios de José Nun, María del Carmen Feijoó y Daniel Arroyo.



Silva explicó que, entre diciembre y abril último, la cantidad de pobres
aumentó en un 1,4 millón y que "más de 400 mil personas se sumaron a la
indigencia", en un contexto en el que -resaltó- "los programas
sociales fueron un buen cinturón de seguridad" para los sectores más
desprotegidos.



El trabajo mantiene un equilibrio entre "los graves errores cometidos en
materia de política socioeconómica" de los últimos años que, según Silva,
no contribuyeron a erradicar la "pobreza extrema" (que afecta a 4
millones de personas) y los "costos sociales que están generando las
medidas de ajuste importante durante los últimos meses".



Como una de sus conclusiones finales, el estudio advirtió que "no cabe
esperar un derrame social sin un modelo que integre subsidiariamente al sistema
socioproductivo moderno y eleve la productividad de los sectores informales
protegiendo los derechos de los trabajadores".



En una detallada síntesis, Silva resaltó como objetivos "imprescindibles
para no profundizar la brecha de pobreza" que los sectores sociales más
postergados accedan a la "seguridad social y a programas de transferencias
de ingresos".



Del informe se desprende que entre 2010 y el 2015 "mejoró el empleo
decente" para la franja de trabajadores con mejores condiciones laborales,
que agrupa al 43 por ciento del total de personas con capacidad laboral plena
en los centros urbanos, de acuerdo con un relevamiento sobre 5700 hogares y 14
mil entrevistados de 20 ciudades/localidades.



En la introducción, si bien se destaca que el gobierno de Macri busca
"soluciones más estructurales en la lucha contra la pobreza a través de un
régimen de mayor libertad económica y seguridad jurídica, a partir de lo cual
confía en lograr un derrame de inversiones, empleo y bienestar" considera
que se han tomado medidas de alivio para atravesar la "tan inevitable como
dolorosa transición" pero que -por lo general- se adoptaron "de manera
tardía".



Entre esas medidas se destaca el aumento en las prestaciones por jubilación y
pensión, programas sociales y asignaciones familiares; decretos de
transferencias extraordinarias; reducción del mínimo no imponible de ganancias;
ampliación de las tarifas sociales; adelantamiento del consejo del salario
mínimo; mantenimiento del sistema de precios cuidados; mejoramiento de los
servicios públicos; reducción parcial del IVA a los alimentos para
beneficiarios de programas sociales y jubilados.



En ese marco, advierte que "el mayor riesgo social no sólo lo está
experimentando la población más vulnerable que depende de la ayuda
social", sino también los "millones de hogares que fundan su
subsistencia en trabajos precarios, pequeños comercios y trabajadores
eventuales", quienes -según señala el informe- no recibieron una
"especial protección social frente a la actual fase de caída del consumo,
aumento de los precios y mayor riesgo de despido o caída de la actividad".



El informe indica que a este segmento de la población "no llegan los
aumentos por paritarias, ni las tasas de interés favorables, ni las tarifas
sociales, ni el salario familiar, ni los aumentos en los programas
sociales" y considera a esta "masa de segmentos vulnerables de clase
media baja o sectores populares" como los "'nuevos pobres' que
emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el actual gobierno".



Asimismo se reconoce que el gobierno necesita "tiempo" para que la
economía comience a crecer, pero advierte que "muy poco se logrará al
respecto si durante este duro tránsito no hay una distribución socialmente más
equitativa de los costos del ajuste y de los recursos disponibles".



En el primer capítulo del informe, en el que se presentan datos sobre la
pobreza estructural a partir de la inseguridad alimentaria y las necesidades
básicas insatisfechas, se indica que las tasas de pobreza experimentaron una
"importante reducción" entre 2010 y 2011, pero que "esta
situación cambia, y la pobreza tiende a crecer entre 2012 y 2015".



"La evolución en el tiempo de los indicadores de marginalidad estructural
indica que tanto la
Inseguridad Alimentaria (IA) como el índice de Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI) evidencian un descenso entre 2010 y 2015", se
remarca.



En cuanto a los ingresos monetarios, indica que "se registra una fuerte
mejora en los ingresos reales entre 2010 y 2011, en el marco de un proceso de
reactivación económica y mejoras en las políticas laborales y sociales; luego,
se observa un descenso y posterior amesetamiento en 2012-2013, en un contexto
económico crecientemente inflacionario y recesivo; y, por último, en ese mismo
contexto de relativo estancamiento con inflación, se hacen presentes nuevos
retrocesos en 2014 y 2015".