Actualizado: Viernes, 19 abril 2024
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La Plata
Impuesto al combustible: los intendentes que surten a la gente
Las tasas que cobran algunas comunas sobre naftas y derivados generan una fuerte discusión, que en muchos casos llega a la Justicia. Dos distritos, uno del peronismo y otro de Cambiemos, quieren sumarse a la docena que ya las impone
“Si queremos generar trabajo, no podemos cobrar impuestos distorsivos”, afir-mó Mauricio Macri el 22 de noviembre, en el Segundo Encuentro de Intendentes. Más de dos semanas después de esa frase, dos alcaldes pusieron primera con tributos que reciben, precisamente, ese cuestionamiento: tasas a los combustibles.
Más de una docena de municipios bonaerenses -y otro tanto en distintas provincias- implementaron en los últimos años una tasa mediante la cual adicionan un monto al precio de los combustibles y al GNC en el momento de la venta.
Para la Justicia, no hay una contraprestación clara. Las comunas replican que los fondos obtenidos se destinan al mantenimiento de calles.
Ahora, el intendente de Berisso, Jorge Nedela (Cambiemos), y el peronista Mar-tín Insaurralde, de Lomas de Zamora, incorporaron la tasa en proyectos que enviaron a sus respectivos concejos. La polémica se reflotó, mientras la Suprema Corte de Justicia, aún debe expedirse.
El Municipio de Berisso busca cobrar entre 35 y 45 centavos por cada litro de combustible y GNC. Con problemas económicos serios, Nedela aspira a recaudar 9 millones de pesos anuales. En tanto, Lomas de Zamora quiere adicionar 40 centavos a los combustibles y 15 al GNC. La Comuna pretende sumar 68 millones por año. Todo, a costa de los vecinos
Debate
La Tasa Vial -el nombre con el que se la conoce en la mayoría de los distritos- se implementó desde fines del 2012 en los municipios comandados por el Frente Renovador. Los jefes comunales alegaron discriminación en el reparo de fondos y reclamaron la necesidad de financiarse.
El exjuez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias declaró en 2015 la inconstitucionalidad de la tasa que había aplicado entonces San Miguel del Monte. Lo hizo luego de que la Cámara observara la supuesta ausencia de contraprestación del tributo. La Comuna debió retirarla.
Las controversias giran en torno al decreto ley 505/58, por el que se crea la Dirección Nacional de Vialidad y al que adhirió la Provincia. En el artículo 29 se compromete a provincias y municipios a no establecer gravámenes sobre los combustibles líquidos y los lubricantes.
Así, los gobiernos comunales reciben fondos vía coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos de la ley 23.966. Quienes critican la tasa sostienen que se genera una doble imposición. El Tribunal de Cuentas ya ha observado esa situación, aunque resta una definición.
La Suprema Corte de Justicia bonaerense demora desde 2014 la sentencia en una presentación sobre Olavarría, que puede sentar precedente.
“Las causas llevan varios años y generan un problema. Más municipios copian una ordenanza sin saber qué va a decidir finalmente la Justicia”, dijo a La Tecla Orlando Pulvirenti, especialista en derecho municipal y docente de la UBA.
Proyecciones
Con todo, Berisso y Lomas de Zamora se encaminan a aprobar la incorporación de la tasa. Daniel García, secretario de Economía del primer distrito, afirmó que no está comprobado un perjuicio para las estaciones de servicio, según el reclamo de las empresas del sector. Y remarcó la necesidad del Municipio de hacerse de esos fondos para mantener la red vial.
“No hay sentencia condenatoria a un municipio por parte del Tribunal de Cuentas. Si la hubiera, la retiraríamos”, aseveró.
Por su parte, Insaurralde completará la aprobación con Mayo-res Contribuyentes, pese al rechazo opositor. “Lomas es el tercer municipio con mayor cantidad de obras para 2019; es innecesario pedir un sacrificio a los contribuyentes”, afirmó Ramiro Trezza, presidente del bloque massista. Diego Cordera, de Cambiemos, en tanto, consideró un “despropósito” aplicarla entre la crisis y el debate legal.
Mientras algunos municipios se suben al carro, otros se bajan. El Concejo de Tres de Febrero derogó, el 23 de noviembre, la tasa que había implementado un año atrás. Antes ya la habían retirado San Martín, Pilar y San Miguel.
“Pueden buscarle el nombre que sea, pero es inconstitucional”
“Es totalmente ilegal. Los intendentes no pueden aumentar el precio del combustible, porque reciben dinero por la coparticipación”, dijo a La Tecla Rosario Sica, referente de la Federación de Empresarios de Combustibles (FECRA).
La dirigente lideró años atrás la batalla legal contra los municipios, en ese entonces comandados por el Frente Renovador, que implementaron la Tasa Vial a los combustibles.
“Pueden buscarle el nombre que sea, pero es inconstitucional”, añadió.
Sica logró que el caso llegara la Suprema Corte de Justicia bonaerense -donde aún está en estudio- luego de que se excusara un juez de Azul ante la demanda contra el munici-pio de Olavarría, que había implementado el canon. Al asumir en 2015, el jefe comunal Ezequiel Galli (Cambiemos) lo retiró, pero la acción judicial siguió.
Por su parte, Carlos Gold, secretario de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA), consideró que las estaciones están desplegando una cruzada contra este tipo de iniciativas. “Nos oponemos totalmente a la implementación de este tipo de tasas que son totalmente distorsivas porque no implican ningún tipo de contraprestación”, enfatizó. Además destacó que hay gestiones sobre la cuestión ante la Secretaría de Energía.
“La Provincia abandonó las rutas provinciales en mi distrito”
El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk (PJ), entiende las críticas que se le hacen
a la aplicación de la tasa sobre los combustibles, pero pidió analizarlas.
“Las críticas son razonables, pero hay que verlas en un contexto donde la Provincia abandonó las rutas provinciales en mi distrito”, afirmó el jefe comunal a LaTecla.info.
Sujarchuk remarcó que la tasa se estableció en el gobierno anterior. Y destacó que los siete millones que se recaudan con ella se destinan al mantenimiento de la red vial. En el mismo sentido se manifestaron desde el Municipio de Tigre, gobernado por Julio Zamora. Su secretario general y de Economía, Fernando Lauría, enfatizó que “se cumplieron todos los requisitos legales estipulados en la Constitución y la Ley Orgánica de las Municipalidades”.
“Como se describe en el hecho imponible se realiza la prestación de servicios que demande el mantenimiento, conservación, señalización, modificación y mejoramiento de toda la trazada de la red vial primaria de Tigre”, ahondó.
Más de una docena de municipios bonaerenses -y otro tanto en distintas provincias- implementaron en los últimos años una tasa mediante la cual adicionan un monto al precio de los combustibles y al GNC en el momento de la venta.
Para la Justicia, no hay una contraprestación clara. Las comunas replican que los fondos obtenidos se destinan al mantenimiento de calles.
Ahora, el intendente de Berisso, Jorge Nedela (Cambiemos), y el peronista Mar-tín Insaurralde, de Lomas de Zamora, incorporaron la tasa en proyectos que enviaron a sus respectivos concejos. La polémica se reflotó, mientras la Suprema Corte de Justicia, aún debe expedirse.
El Municipio de Berisso busca cobrar entre 35 y 45 centavos por cada litro de combustible y GNC. Con problemas económicos serios, Nedela aspira a recaudar 9 millones de pesos anuales. En tanto, Lomas de Zamora quiere adicionar 40 centavos a los combustibles y 15 al GNC. La Comuna pretende sumar 68 millones por año. Todo, a costa de los vecinos
Debate
La Tasa Vial -el nombre con el que se la conoce en la mayoría de los distritos- se implementó desde fines del 2012 en los municipios comandados por el Frente Renovador. Los jefes comunales alegaron discriminación en el reparo de fondos y reclamaron la necesidad de financiarse.
El exjuez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias declaró en 2015 la inconstitucionalidad de la tasa que había aplicado entonces San Miguel del Monte. Lo hizo luego de que la Cámara observara la supuesta ausencia de contraprestación del tributo. La Comuna debió retirarla.
Las controversias giran en torno al decreto ley 505/58, por el que se crea la Dirección Nacional de Vialidad y al que adhirió la Provincia. En el artículo 29 se compromete a provincias y municipios a no establecer gravámenes sobre los combustibles líquidos y los lubricantes.
Así, los gobiernos comunales reciben fondos vía coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos de la ley 23.966. Quienes critican la tasa sostienen que se genera una doble imposición. El Tribunal de Cuentas ya ha observado esa situación, aunque resta una definición.
La Suprema Corte de Justicia bonaerense demora desde 2014 la sentencia en una presentación sobre Olavarría, que puede sentar precedente.
“Las causas llevan varios años y generan un problema. Más municipios copian una ordenanza sin saber qué va a decidir finalmente la Justicia”, dijo a La Tecla Orlando Pulvirenti, especialista en derecho municipal y docente de la UBA.
Proyecciones
Con todo, Berisso y Lomas de Zamora se encaminan a aprobar la incorporación de la tasa. Daniel García, secretario de Economía del primer distrito, afirmó que no está comprobado un perjuicio para las estaciones de servicio, según el reclamo de las empresas del sector. Y remarcó la necesidad del Municipio de hacerse de esos fondos para mantener la red vial.
“No hay sentencia condenatoria a un municipio por parte del Tribunal de Cuentas. Si la hubiera, la retiraríamos”, aseveró.
Por su parte, Insaurralde completará la aprobación con Mayo-res Contribuyentes, pese al rechazo opositor. “Lomas es el tercer municipio con mayor cantidad de obras para 2019; es innecesario pedir un sacrificio a los contribuyentes”, afirmó Ramiro Trezza, presidente del bloque massista. Diego Cordera, de Cambiemos, en tanto, consideró un “despropósito” aplicarla entre la crisis y el debate legal.
Mientras algunos municipios se suben al carro, otros se bajan. El Concejo de Tres de Febrero derogó, el 23 de noviembre, la tasa que había implementado un año atrás. Antes ya la habían retirado San Martín, Pilar y San Miguel.
“Pueden buscarle el nombre que sea, pero es inconstitucional”
“Es totalmente ilegal. Los intendentes no pueden aumentar el precio del combustible, porque reciben dinero por la coparticipación”, dijo a La Tecla Rosario Sica, referente de la Federación de Empresarios de Combustibles (FECRA).
La dirigente lideró años atrás la batalla legal contra los municipios, en ese entonces comandados por el Frente Renovador, que implementaron la Tasa Vial a los combustibles.
“Pueden buscarle el nombre que sea, pero es inconstitucional”, añadió.
Sica logró que el caso llegara la Suprema Corte de Justicia bonaerense -donde aún está en estudio- luego de que se excusara un juez de Azul ante la demanda contra el munici-pio de Olavarría, que había implementado el canon. Al asumir en 2015, el jefe comunal Ezequiel Galli (Cambiemos) lo retiró, pero la acción judicial siguió.
Por su parte, Carlos Gold, secretario de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA), consideró que las estaciones están desplegando una cruzada contra este tipo de iniciativas. “Nos oponemos totalmente a la implementación de este tipo de tasas que son totalmente distorsivas porque no implican ningún tipo de contraprestación”, enfatizó. Además destacó que hay gestiones sobre la cuestión ante la Secretaría de Energía.
“La Provincia abandonó las rutas provinciales en mi distrito”
El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk (PJ), entiende las críticas que se le hacen
a la aplicación de la tasa sobre los combustibles, pero pidió analizarlas.
“Las críticas son razonables, pero hay que verlas en un contexto donde la Provincia abandonó las rutas provinciales en mi distrito”, afirmó el jefe comunal a LaTecla.info.
Sujarchuk remarcó que la tasa se estableció en el gobierno anterior. Y destacó que los siete millones que se recaudan con ella se destinan al mantenimiento de la red vial. En el mismo sentido se manifestaron desde el Municipio de Tigre, gobernado por Julio Zamora. Su secretario general y de Economía, Fernando Lauría, enfatizó que “se cumplieron todos los requisitos legales estipulados en la Constitución y la Ley Orgánica de las Municipalidades”.
“Como se describe en el hecho imponible se realiza la prestación de servicios que demande el mantenimiento, conservación, señalización, modificación y mejoramiento de toda la trazada de la red vial primaria de Tigre”, ahondó.
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