La Sala II de la Cámara Criminal y Correccional porteña apartó hoy definitivamente al juez federal de ese distrito, Sebastián Casanello, de una de las investigaciones iniciadas por los supuestos falsos aportes en la campaña de Cambiemos.

La medida, a la que accedió LaTecla.info, fue dispuesta esta tarde por el camarista Martín Irurzun, quien al apartar a Casanello le quitó los expedientes N°11227/18 y N°13154/18 que el magistrado se había quedado el año pasado, cuando las causas fueron a parar al fuero electoral.

Pero además del apartamiento, Iruzun dispuso que se practique un sorteo para que esa parte de la causa quede en los tribunales porteños y que se investigue allí si la alianza oficialista cometió algún delito con los aportantes de la campaña electoral de 2015 y 2017.

“Disponerse el consecuente apartamiento del Sr. Juez de grado del conocimiento de los actuados de conformidad con lo previsto en el artículo 173 del Código Procesal Penal de la Nación, debiendo remitir el presente expediente a la Secretaría General del fuero para el sorteo del Juez que habrá de asumir la tarea de enderezar el curso de este proceso”, sostiene el fallo.

La causa

Denominada en la jerga política “aportes truchos”, el expediente se inició con una denuncia periodística y tres investigaciones en diferentes fueros y jurisdicciones. Una en el juzgado porteño de Sebastián Casanello, otras en los platenses de Ernesto Kreplak (penal) y Adolfo Gabino Ziulu (electoral).

En medio de ese cruce, Ziulu le pidió que Casanello y Kreplak que se inhiban de actuar y que remitan los expedientes a su juzgado, entendiendo que el tribunal electoral fue el primero en abrir una investigación y que, por el código de procedimiento, correspondía centralizar todo en su despacho.

Casanello giró parte de su causa, pero Kreplak rechazó el pedio de inhibitoria y antes de elevar el conflicto de competencia a la Cámara para que resuelva quién se quedaba con los expedientes, apareció un tercer agente que enmarañó más la situación: la ex tesorera del PRO y ex funcionaria bonaerense, María Fernanda Inza.

La mujer presentó una apelación a la decisión de Kreplak y este último la aceptó, pero la elevó a la alzada y dispuso suspender “por el momento la remisión del presente incidente” al juzgado de Ziulu.

Eso frenó el conflicto de competencia por una tiempo, aunque algunas semanas después la Sala III de la Cámara Federal, que conduce Carlos Alberto Vallefín, declaró “mal concedido el recurso de apelación interpuesto” por Inza y reactivó todo el trámite.

“Esa suspensión impide que se trabe una contienda entre tribunales pues resta que el juez con competencia electoral sea anoticiado a fin de que decida si sostiene o no su competencia. Esta suspensión frustra la finalización del  trámite y debe dejarse sin efecto”, indicó la Sala III.

Por ello, la Cámara le declaró “mal concedido” el recurso a Kreplak y le ordenó que “proceda en el modo dispuesto en el art. 47 inciso 5º” del Código Procesal Penal.

Ese inciso señala que si se niega la inhibición “el auto será comunicado al tribunal que la hubiere propuesto, en la forma prevista en el inciso 4, y se le pedirá que conteste si reconoce la competencia o, en caso contrario, que remita los antecedentes a la Cámara de Apelaciones”.

Por lo que Kreplak tuvo que comunicar a Ziulu su decisión, y este último se expidió sobre su interés de mantener su competencia, decisión que informó hace varias semanas, cuando ratificó su voluntad de seguir actuando.

Después Ziulu elevó a la Cámara Nacional Electoral el conflicto y se abrió otro debate sobre si correspondía a ese tribunal de alzada o la Cámara Federal platense la definición por la competencia.

Sin embargo, tras el dictamen favorable del fiscal de Cámara, Jorge Di Lello, la CNE avaló el pase al fuero electoral y ordenó a Kreplak y Casanello que le manden a Ziulu sus causas, situación que ocurrió en las últimas semanas.