Por Alejandro De Angelis 
@AlejoDeAngelis 

El Ejecutivo provincial está decidido a sellar un acuerdo con los municipios para modificar los índices de coparticipación, y que las localidades reciban más dinero, aunque con sus salvedades. La mayor discusión pasa por las condiciones del acuerdo, ya que cada sector tiene su mirada sobre los beneficios y obligaciones de ambas partes.

Fuentes del oficialismo adelantaron a La Tecla Patagonia que la intención es que el nuevo proyecto llegue a la Legislatura para la sesión del jueves 23 de mayo, por lo que en las próximas semanas deberán acelerar las negociaciones con las Comunas y así cerrar un acuerdo que le de los votos necesarios.

Desde el Gobierno, el principal condicionamiento tiene que ver con la regularización de los aportes de los Municipios a las cajas de Previsión Social (CPS) y de Servicios Sociales (CSS), cuya deuda asciende a miles de millones de pesos. Asimismo, con el incremento se busca garantizar el pago de salarios.

“La realidad ha demostrado en estos tres años que cada municipio tiene una realidad diferente e ingresos distintos en función de sus polos de desarrollo. Este es un debate que se ha prolongado a través de los tiempos porque no nos hemos puesto de acuerdo”, aseguró la Gobernadora en el encuentro con los Intendentes.

Los Municipios, por su parte, tienen varias exigencias. Las localidades más chicas reclaman una mejor distribución respecto de los dos principales distritos, Río Gallegos y Caleta Olivia, que se llevan el 50% de los fondos coparticipables. A modo de ejemplo, en marzo de este año sobre un total de 467 millones de pesos, 215 millones fueron para esos dos municipios, mientras que el importe restante queda para las 18 localidades y comisiones de fomento restantes.



Por su parte, algunos Intendentes de Cambiemos —Roberto Giubetich de Río Gallegos y Omar Fernández de Pico Truncado— reclaman que el incremento debe que tener como contrapartida el compromiso de los Jefes Comunales de no incrementar las plantas de personal, y además, que los índices contengan la pauta salarial de 2019.

Otro que puso un condicionante fue el intendente de El Calafate, Javier Belloni, quién manifestó que debe existir un sistema de premios y castigos, según el desempeño de la gestión, para asignar el reparto. Pese a ello, manifestó a este medio: “adhiero a la voluntad de rediscutir la distribución de los ingresos, para garantizar el déficit cero de los municipios y la sustentabilidad de las responsabilidades que conlleva administrarlos. Considero que la autonomía económica de los municipios es prioritaria, y siempre voy a estar en iniciativas que vayan en ese sentido”.
Por último, existe un reclamo en relación al crecimiento poblacional de los Municipios y los valores en los que se rige la actual ley. La misma, toma como referencia el último censo de 2010, y en la mayoría de las localidades la población ha ido en aumento, por lo que la distribución per cápita no es la adecuada. 

Más para dar

Solo en el mes de abril de este año, Santa Cruz recibió un 44,68 por ciento más que el mismo mes del año pasado en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos, impulsado por el aumento de la recaudación en base al aumento del tipo de cambio y el impacto de la inflación en la economía.

Son $1.577.358.667 (mil quinientos setenta y siete millones trescientos cincuenta y ocho mil seiscientos sesenta y siete pesos) de 2019 contra $ 1.090.189.102 (mil noventa millones ciento ochenta y nueve mil ciento dos pesos) de 2018, lo que representa un incremento de 487 millones.


 

Asimismo, en la comparativa cuatrimestral, la mejoría en los ingresos por coparticipación respecto del año anterior es del 40,22%, poco más de 1800 millones por encima de lo recibido por la provincia el año anterior.

El incremento en los ingresos fue uno de los argumentos más utilizados por los referentes opositores, no solo para exigirle al Gobierno Provincial mayores partidas en áreas clave, sino también para que el reparto sea más equitativo con los Municipios.

La deuda con las Cajas

Cuando a principios de este año se reavivó el debate sobre el multimillonario pasivo que las localidades mantienen con la CPS y la CSS, el primer argumento esgrimido por los representantes de la comuna fue el reducido ingreso por coparticipación, que impedía a los municipios afrontar el gasto del pago de aportes, ya que solo les alcanzaba para pagar el sueldo a sus empleados.

“Está en nosotros que esto salga, hay que discutirlo. Teniendo en cuenta siempre las dos grandes preocupaciones que son la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales, buscando la sustentabilidad de ambas”, recalcó Alicia frente a los Jefes Comunales en Casa de Gobierno.

Desde hace más de dos décadas que el Poder Ejecutivo no obliga a los Intendentes a transferir los aportes, y parte de la deuda de algunas localidades se registra desde 1991, acumulando una cifra exorbitante, que superaría los 5 mil millones de pesos.

Solo en los tres años de gestión de esta gestión al frente del Gobierno provincial, el pasivo superó los $3.200 millones, que se suma a los más de 2 mil millones de arrastre.

Al respecto, el intendente de Pico Truncado Omar Fernández aseguró a La Tecla Patagonia que “hay municipios que a veces pagan algo pero reciben aporte para déficit por parte de la Provincia, cosa que nosotros no recibimos nada, ni un centavo”, al tiempo que denunció que “les dan aporte para que paguen algo, para usarlo políticamente, o sea, dan vuelta la plata”.


 

Con los actuales números, la mayoría de los Intendentes coincide en que los ingresos por coparticipación solo alcanzan para cubrir los salarios municipales. Ni aportes ni obras están entre las posibilidades presupuestarias de las comunas. Algo que, con el nuevo régimen promovido por el Ejecutivo, se vería modificado.

La discusión sigue abierta, aunque la intención del Gobierno es resolver la cuestión antes de que finalice el mes de mayo. Por ahora, la negociación está trabada en los representantes de Cambiemos, que ponen sus dudas al nuevo proyecto. Con ellos mantendrán reuniones el secretario de Gobierno e Interior Martín Chávez y el ministro de Economía, Ignacio Perincioli. La orden de Alicia es escuchar los reclamos y llegar a un consenso. No parece una tarea fácil dejar a todos conformes.