Tras varios días de intensas especulaciones, el Gobierno nacional convocará a sesiones extraordinarias del Congreso el 23 de enero para tratar un temario que incluirá la solicitud de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia que impulsa el oficialismo.

Hasta días atrás, la versión que más fuerza tenía era que el Poder Ejecutivo iba a citar al Congreso a trabajar desde el 16 de enero, pero con la mayoría de los diputados y senadores nacionales de vacaciones se trata de un objetivo demasiado ambicioso.

De todos modos, el Gobierno siempre manejó la carta de una convocatoria en la segunda quincena de enero.

"La parte en que el 23 de enero no es parte de la segunda quincena de enero me supera. No hay ningún cambio de posición del gobierno", había contestado la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti para hacer frente a las críticas de medios de comunicación que referían a una postergación de la fecha de citación a sesiones extraordinarias.

Finalmente, en una conferencia de presa realizada esta tarde, Cerruti anunció que hoy por la noche se publicará en el Boletín Oficial el plazo de las sesiones extraordinarias. La convocatoria al Congreso se extenderá desde el 23 de enero al 28 de febrero, semanas en las cuales se debatirán 27 proyectos de ley. Juntos por el Cambio ya manifestó que no dará quórum, por lo que el oficialismo apostará por realizar acuerdos con el interbloque federal.


El temario

Las propuestas que se presentarán incluyen algunas de las principales disputas del inicio del 2023: las solicitudes de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; el proyecto de ley tendiente a modificar la Ley del Consejo de la Magistratura; el tratamiento del acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación; y la propuesta de modificación del artículo 21 de la Ley N° 1285/58 con el fin de ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

También se presentarán proyectos de leyes que disponen la creación de universidades nacionales; la modificación la Ley de Tránsito y Seguridad Vial sobre Alcoholemia Cero para la conducción de vehículos; la reforma del Sistema Estadístico Nacional; la sustitución de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y sus modificatorias; el proyecto de Abordaje Integral de la Violencia Institucional en Seguridad y Servicios Penitenciarios; y los cambios en la ley de Prevención y el Combate al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el financiamiento de la Ley de Armas de Destrucción Masiva.