La medida es consecuencia de la desclasificación de archivos y documentos secretos del Gobierno militar entre 1976-1983 que resolvió Cristina de Kirchner a través del Decreto Nº 4/2010.

El jefe del Ejército, teniente general Luis Pozzi, echará a más de 500 espías civiles y militares que reportaban en la Central de Reunión de Inteligencia Militar (CRIM), la Fuerza Aérea sumará 160, mientras que la Armada despedirá alrededor de 120.

En el marco de la desclasificación de información y documentos del Proceso militar que ordenó Kirchner, Defensa aprovechó para depurar las filas de los servicios castrenses y de paso reducir el presupuesto asignado al reclutamiento de agentes.

El jefe de Inteligencia del Ejército (J II), general César del Corazón de Jesús Milani, tomó la punta y fue el primero en anunciar la drástica reestructuración de sus cuadros, ordenó jubilar a más de 500 agentes, entre los que se encuentran “hombres de calle”, analistas, oficiales y suboficiales retirados asimilados a la inteligencia y otras especialidades que habían sido incluidos en la nómina de los ingresados entre 1976-1983. Cayeron en la volteada algunos profesores del Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas que depende del Estado Mayor Conjunto.

El Ejército entregó en noviembre pasado a la ministra de Defensa, Nilda Garré, la lista con 4.300 agentes que integraron el Batallón de Inteligencia 601 durante el Gobierno militar. En uno de los considerandos del decreto que ordenó la desclasificación, firmado por la Presidente y los ministros Julio Alak (Justicia) y Garré, se argumenta que la medida fue tomada porque “la información y/o documentación clasificada con carácter no público no estuvo destinada a la protección de intereses legítimos propios de un Estado democrático, sino que, por el contrario, sirvió como medio para ocultar el accionar ilegal de Gobierno de facto” según informa Ámbito Financiero. La sospecha de culpabilidad ya se exhibió hacia hijos y portadores de apellidos de militares que actuaron en aquel período, eliminándoselos de los pliegos de ascenso, y ahora se cierne sobre agentes civiles de los organismos de inteligencia que son despedidos de la actividad.

Publicación

Ese listado trascendió a un semanario que publicó una separata con 4.300 nombres, de los cuales 1.599 corresponden a agentes civiles de inteligencia (PCI) y 345 a militares. El documento llevaba la firma del jefe de Inteligencia del Ejército, general Milani, y fue entregado al juez federal Ariel Lijo por el titular del Archivo para la Memoria, Ramón Torres Molina.

El despido de más de 500 espías civiles, llamados PCI en la jerga militar, es la purga más grande que ha sufrido la inteligencia del Ejército desde la restauración de la democracia, en 1983. Inclusive supera la que ordenó en 2000 el entonces titular del Ejército, Ricardo Brinzoni, quien ese mismo año disolvió el Batallón 601 y puso a la venta el mítico edificio de Callao y Viamonte. Bajo el Gobierno de Fernando de la Rúa también la SIDE hizo una masiva purga de agentes.

El malestar interno disparó la primera denuncia penal: dos abogados matriculados en la Ciudad de Buenos Aires hicieron una presentación contra la ministra de Defensa, el jefe de Inteligencia del Ejército, general César Milani, el secretario de la fuerza, general Domingo Bruera, y el titular del Ejército, teniente general Luis Pozzi. Sus defendidos los responsabilizan de haber dado estado público a una información sensible que reviste calidad de secreto de Estado, y únicamente podría haber sido provista, por orden judicial, “en el marco de causas determinadas o que sean requeridas por la Comisión Bicameral de fiscalización de los organismos y actividades de Inteligencia”.