Licencias para 220 canales; sobredosis de TV Digital Abierta

Desde Citizen Kane hasta acá, el mundo sabe que el negocio de los medios de comunicación es uno de los más rentables y apetecibles.

Y, dejando de lado cualquier moralina relacionada con el bien o el mal, se sabe también que la comunicación con los usuarios es básica para sostener un proyecto comercial, político, artístico o educacional.

Pues bien, a partir de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual se acaba de abrir el juego que muchos estaban esperando. Saldrán a la cancha nuevos operadores para la Televisión Digital Abierta (TDA): negocio millonario para algunos, medio para llegar a la ciudadanía para otros.

A partir de la resolución Nº 686 la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) llamó a participar del concurso público por 220 licencias para prestar un servicio de comunicación audiovisual de televisión abierta digital en la norma ISDB-T, en 32 zonas de todo el país.

Los oferentes pueden ser entidades con y sin fines de lucro. En tanto, las fechas de cierre de presentación de las propuestas van desde el 22 de agosto hasta el 29 de agosto de este año, según la zona.

En la provincia de Buenos Aires se van a licitar en total 24 señales, en las ciudades de Bahía Blanca, Baradero, Campana, Cañuelas, Dolores, La Plata, Mar del Plata, Pinamar, y San Nicolás. Esto da un porcentaje del 10,9% del total del país.

Teniendo como parámetro a todo el territorio nacional, la urbe que contará con más señales será Capital Federal, con un total de 16 licencias, lo que arroja un 7,27% del total.

Los criterios para definir qué ciudades son las elegidas están dados por la cantidad de habitantes y el acceso a la señal. Pero el director de control de la AFSCA, Pablo Hernández, le dijo a Desafío Económico que, de todas formas, se trata de una decisión a nivel de la Presidencia.

Frente a un mapa de la provincia de Buenos Aires, lo que surge a la vista es que las ciudades donde se licitarán las licencias son las que ya tienen antenas de televisión digital dispuestas, o que se prevé una instalación en una futura etapa, como por ejemplo, Bahía Blanca. No es el caso de Pinamar, que no tiene y tampoco tiene previsto disponer de una antena. Ante el anuncio realizado a fin de año de que se levantarían setenta antenas, por ahora, hay sólo diecinueve.

Las licencias están divididas en partes iguales entre entidades con y sin fines de lucro. Por ejemplo, en una localidad como Campana, que tiene cuatro licencias en total, dos serán destinadas a empresas, y las otras dos, por ejemplo, a ONG’s.

Viendo el mapa lo que llama la atención es que no se hayan previsto licencias para operadores del Conurbano, el mayor conglomerado habitacional del país con 9 millones de habitantes.

Desafío consultó al respecto a Hernández, quien dijo desconocer el porqué de esta decisión “política”, y apeló al criterio de cobertura de las antenas digitales. Dijo que, como cada antena tiene un alcance de 60 Km, “al Conurbano lo cubrís con la de Capital Federal, la de La Plata y la de Campana”.

Una de las primeras voces que salieron al cruce de la medida anunciada por el titular de la AFSCA, Gabriel Mariotto, fue la de la diputada Silvana Giúdice (UCR), quien dijo que la Autoridad no podía otorgar licencias porque todavía faltan designar a dos de sus directores, los que representan a la segunda y tercera minoría.

Hernández dijo que “es cierto que faltan esos dos directores, pero la Comisión Bicameral prevista por la ley nunca se conformó y nunca se eligió a los dos directores”. Y concluye con que, legalmente, “la AFSCA puede, de todas formas, otorgar esas licencias”.

Datos técnicos

El objeto de la licitación son licencias para canales de televisión digital, formato estándar. Esto es, vendrían a conformar una parte del múltiple de 6 Mega Hertz.

La norma que implementará Argentina es el Sistema Brasileño de Televisión Digital Terrestre (SBTVD-TB), basado en el sistema Japonés denominado ISDB-T. Esto tiene un anclaje geopolítico además del comercial. Y es que, de esta forma, Argentina se suma a las medidas que vienen tomando el resto de Sudamérica y el Caribe.

¿Cómo y quién distribuye las señales? De acuerdo al decreto 835, la red de transmisión es la red pública, así es que uno de los pilares que sostiene la Televisión Digital es la empresa Argentina Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT).

El operador tiene que subir su señal a la antena que ya está instalada y la plataforma de ARSAT es quien la transporta y distribuye, operando como carrier.

Argentina Soluciones Digitales es una sociedad anónima de capital estatal que comenzó formalmente sus actividades en julio de 2006, luego de la sanción de la ley 26.092. Sus accionistas son el ministerio de Planificación Federal, con el 98%, y el ministerio de Economía, con el 2% restante.

El servicio prestado por ARSAT será sostenido por el pago mensual de $ 24.000 pesos por cada operador.

Cuando se conoció este precio y el de los pliegos de la licitación (que van desde los 60 mil hasta los 200 mil pesos), se oyeron varias voces en contra.

Puntualmente, la Cámara Argentina de Televisión Digital (CATD), el coordinador General del SATVD-T, Osvaldo Nemirovsci, y la Confederación de Radios y Medios de Comunicación de la Argentina, en representación de su presidente, Osvaldo Francés, salieron al cruce.

Desafío consultó al director de Control de la AFSCA, Pablo Hernández, al respecto y este defendió la decisión oficial diciendo que “el licenciatario se ahorra el costo de tener que montar una estructura de transmisión, que es muchísimo más cara”.

Los usuarios

El funcionamiento de la Televisión Digital Terrestre (TDT) puede ser comparado con el de la telefonía celular: existen ciertos lugares específicos en donde los teléfonos celulares tienen señal, y en otros no. La misma lógica puede ser aplicada a la recepción de la señal de televisión digital.

Cualquier persona en todo el país que tenga acceso a un decodificador tendría que tener acceso a estos 220 canales.

Para recibir las señales digitales emitidas desde las plantas transmisoras, existen dos tipos de receptores: los fijos, que son los decodificadores instalados con el televisor hogareño, y los receptores móviles, como los celulares.

Un decodificador externo común se consigue en el mercado por 200 o 500 pesos. Pero también se encuentran disponibles televisores que ya tienen incorporado el decodificador. Aunque el precio de estos es alto. Uno de 40 pulgadas puede estar alrededor de los 7 mil pesos.

La otra opción prevista es que, para aquellas zonas adonde no llegue la señal de la antena, se acceda al sistema de televisión por satélite.

La inversión

La inversión con que tiene que contar un operador depende mucho del tipo de programación que pretenda brindar. No es lo mismo licitar para un canal que tenga un perfil informativo, o con producciones en estudio, que para otro pensado para competir con los canales que están actualmente al aire.

Hernández dice desconocer “el tipo de empresas que se están moviendo atrás de esto. Cuando presenten los pliegos, nos enteraremos”.

Lo que algunos sectores, como por ejemplo desde la CATD, están advirtiendo, es que con el costo de los pliegos lo que se está haciendo es soltarle la mano a las entidades sin fines de lucro, y se les está dando la mano a empresas que actualmente componen el statu quo de la radiodifusión.

Es que con esta licitación, se habla de precios que van desde los 60 mil pesos hasta los 200 mil, dependiendo de la ciudad y del radio de alcance.

Desde la AFSCA, Hernández defiende los valores diciendo que “para las organizaciones con fines de lucro, un pliego de 120 mil pesos es un regalo”.

Según las resoluciones emitidas por la AFSCA, los que se presenten a la licitación deberán competir por el proyecto comunicacional y de programación. No se puja económicamente por la frecuencia. El monto de dinero tendrá que ver con el pliego y con el valor de la garantía, que representa el 10% del primero.

Las otras licencias que la AFSCA tiene la potestad de otorgar son las destinadas a las provincias, universidades nacionales, pueblos originarios y la Iglesia Católica. Por estas, las entidades públicas no tienen que participar de un proceso licitatorio, sino que se les entrega sin fecha de caducidad.

Recientemente se otorgaron a las provincias y universidades, por medio de la resolución 687/2011, en tanto que para las licencias para los pueblos originarios todavía no hay noticias.

Ahora queda esperar la información de quiénes se presentaron a la licitación y si, como sugieren algunos, aparecieron privilegiados del poder.