15/03/2019 - 09:48hs.
Otra privatización en los puertos, ahora le tocó a San Nicolás
El gobierno de María Eugenia Vidal oficializó la creación del ente de derecho público no estatal en la terminal fluvial del distrito de la Segunda sección electoral. En enero, le tocó al Puerto Dock Sud.
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El gobierno de la provincia de Buenos Aires, oficializó este viernes el decreto 96/2019 firmado por la mandataria María Eugenia Vidal, con el cual se avanza en la privatización de los puertos bonaerenses. Se trata de la creación del Consorcio de Gestión del Puerto de San Nicolás.

La medida de la gestión Cambiemos se enlista en la política de descentralizar la administración de los puertos bonaerenses y avanzar en consorcios no estatales. Vale recordar que, a mediados de enero la privatización llegó a la terminal de Dock Sud.

El Puerto San Nicolás tienen como principales operaciones las de productos a granel, como fertilizantes y minerales. Además de bultos de productos siderúrgicos tales como planchones, bobinas, palanquillas y chapas producto de las industrias de la región.

En menor medida se embarcan combustibles y cereales. La apuesta es que el consorcio permita el desarrollo de negocios logísticos y pensar también en la operación de contenedores.

Cabe destacar que, desde hace algún tiempo, desde el Sindicato Unico de Trabajadores de Administración Portuaria (SUTAP) y la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (APDFA) se posicionaron en contra del avance sobre el Puerto San Nicolás.

“Los trabajadores nos hallamos con la angustiante incertidumbre de no saber qué ocurrirá, en caso de materializarse su creación, con nuestros puestos de trabajo y la continuidad de los mismos", sentenciaron meses atrás.

En tanto, denunciaron "la falta de inversión, centralización y burocratización de la estructura provincial” y aseguraron ser “víctimas directas de esas políticas y sus consecuencias".

“La creación del consorcio no resultará una solución a los problemas mencionados", advirtieron y sentenciaron que “la actividad portuaria debe ser conducida, direccionada y ejecutada por el Estado, principal garantía del óptimo desenvolvimiento de la actividad".
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