La crisis sanitaria y económica, que pega con particularidad en Mar del Plata, de todos modos deja margen para que en los últimos meses emergiera un tercer factor que constituye uno de los reclamos y preocupaciones constantes de la población: la seguridad y la violencia social. Las propias estadísticas oficiales del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (CeMAED) reconocen la consecuencia más extrema de la problemática: entre enero y febrero hubo diez homicidios dolosos, mientras que en igual periodo de 2020 habían sido cuatro. Como  contrapartida, se constató una merma del 4,5% en los delitos comunes.

“Soy una persona que no elude las responsabilidades. Yo no tiro la pelota afuera, no digo que esto es responsabilidad del gobierno nacional y provincial”, declaró Guillermo Montenegro, quien en  febrero presentó un plan de seguridad con múltiples aristas. Entre las herramientas clásicas, se incorporarán 100 nuevas cámaras al sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y se sumarán 15 cámaras lectoras de patentes a las 10 existentes para conformar un “anillo digital” que permita detectar autos con pedido de secuestro.

Otros aspectos resultan novedosos. Por un lado, se profundizará la incorporación de cámaras de seguridad privadas en la vía pública, ya sea de vecinos como de comerciantes, al sistema del COM. Por ahora son 60 las unidades monitoreadas por la municipalidad. Por el otro, se comenzaron a entregar botones de alerta a comerciantes, operados vía celular y conectados directamente al COM. En una segunda etapa, la idea es ampliarlo a remiseros y fleteros. Complementariamente, se avanzó con la regulación de las picadas de autos, que ahora se organizan en el autódromo local, mientras que se reglamentará una ordenanza para crear un registro de bicicletas, que permitirá disuadir la práctica delictiva y facilitar la recuperación de las que sean robadas.

Pero lo más nutrido en lo político llegó a comienzos de marzo, con el descabezamiento de la cúpula policial. Algo que volvió a evidenciar la sintonía entre Montenegro y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Primero se separó al jefe de la Departamental, Lucio Pintos; al titular de la Superintendencia Zona Atlántica, Guillermo Villegas; y al jefe de la Dirección General del Tráfico de Drogas Ilícitas, Diego Díaz Aguirre. Más tarde, siguieron cambios en la mayoría de las comisarías.

El 23 de febrero, a la salida del encuentro entre Kicillof y los intendentes costeros en Necochea, Montenegro había alertado a Berni de problemas con la policía en la ciudad y el aumento de los delitos. Dos días después se reunieron en Puente 12, la base de operaciones de La Matanza. Allí, le pintó un panorama que el ministro desconocía respecto a la falta de cobertura de patrulleros en cuadrillas de la periferia.

El propio Berni ordenó al jefe de la Bonaerense, Daniel García, que releve la situación: habló con sus personas de mayor confianza, se documentó y el lunes 1 de marzo arribó a La Feliz. Constató que, efectivamente, había una desatención de cuadrillas, a la par que muchos patrulleros estaban en puntos fijos con consignas de custodia a particulares, principalmente comercios. El análisis del GPS de los móviles no dejó dudas. También se convenció de los “pocos resultados” en materia de drogas –se habla de récords de allanamientos negativos los últimos días- y de lo dinamitadas que estaban las relaciones entre la Departamental y la Superintendencia. “Los móviles no llegaban a los barrios”, agregó Berni 24 horas después, en el primer título que dejó al arribar de urgencia a Mar del Plata.

La consolidación de los cambios llevó tranquilidad, aunque la problemática de la isneguridad sigue preocupando. Más aún cuando en el frente sanitario y económico se profundizan las incertidumbres.

El acuerdo entre el Municipio y el Ministerio Público Fiscal

El convenio busca profundizar los controles de la Patrulla Municipal y de las cámaras de seguridad. Además, se capacitará a personal de la secretaría de Seguridad en lo que respecta a la preservación de pruebas.

El intendente Guillermo Montenegro y Fabián Fernández Garello, el Fiscal General Departamental, rubricaron la semana pasada un convenio de “cooperación tecnológica”, para fortalecer la seguridad en General Pueyrredón.

El acuerdo, que une al municipio con el Ministerio Público Fiscal, dispone la conformación de una mesa de trabajo para mejorar el vínculo institucional. En principio, se dará inicio a tareas y acciones para profundizar los controles mediante el cuerpo de la Patrulla Municipal, las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y Tránsito, entre otros ejes.

Por otro lado, se capacitará al personal de la Secretaría de Seguridad en aspectos relativos a la preservación de las pruebas, garantías constitucionales y procedimientos penales.

Por último, con este convenio, el Ministerio Público Fiscal tendrá acceso a la información obtenida por la municipalidad ante la posible comisión de un ilícito, a partir de las herramientas y desarrollos tecnológicos con los que se cuenta.

 

Santilli metió la cola y hay runrun

El 12 de marzo, el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, firmó un convenio con Montenero por el cual el gobierno de la CABA entregará 5 vehículos blindados por cinco años. Acuerdos  similares hizo el también ministro de Seguridad con otros distritos conducidos por el Pro, como La Plata y Lanús.

En ese marco, comenzaron a crecer los cuestionamientos del kirchnerimo porteño por,  presuntamente, utilizar recursos públicos para favorecer a intendentes del Pro y, a su vez, instalar su figura de cara a las elecciones de diputados donde iría a la cabeza en Provincia. En esa línea, el Frente de Todos marplatense ya ingresó un pedido de informes al Concejo Deliberante para que se detallen los pormenores del acuerdo.

Provincia enviará 40 patrulleros

Tras la polémica que desató la remoción de la cúpula provincial, la Provincia reforzará la flota con 40 patrulleros, en un acto oficial que se postergó por la desaparición de la niña Maia. Actualmente, hay 96 patrulleros en la ciudad, con otros 33 que esperan en los talleres por arreglos indispensables para volver a las calles, por lo que los nuevos reforzarán la cobertura.

 

Una comisión en el Concejo              

El Legislativo se hizo eco de la problemática de la inseguridad y creó un área de trabajo dentro del cuerpo. Será presidida por el oficialismo y buscará mayor presencia en el territorio para dialogar con los actores.

El Concejo Deliberante también se hizo eco de la cuestión de la inseguridad y, en el nuevo periodo legislativo, que comenzó este mes, resolvió sumar una nueva comisión interna: la de Seguridad Pública y Protección de la Comunidad. Si bien la propuesta fue impulsada por el edil Vito Amalfitano (Frente de Todos), finalmente la presidencia quedó en manos de Nicolás Lauría (Vamos Juntos).

“Me parece que es un día histórico, es un orgullo para todos formar parte de esta comisión de  Seguridad, que va a tener un rol muy activo en busca de estas soluciones que todos los vecinos y vecinas necesitan. Nos estamos poniendo los pantalones largos para ver todos aquellos problemas  en los que antes el Concejo no podía tomar partida”, señaló el basquetbolista Lauría en la reunión constitutiva de la comisión interna.

En esa línea, Vilma Baragiola planteó la necesidad de fortalecer la presencia en las calles para dialogar con los actores vinculados a la prevención del delito. Por caso, la recientemente modificada cúpula policial, las comisarías de la ciudad -que también sufrieron cambios en las conducciones-, asociaciones vecinales de fomento y el Foro Municipal de Seguridad.

El rol de esta última entidad, que busca articular políticas entre el municipio y los barrios en materia de seguridad, es llamativo: desde que comenzó la pandemia, en marzo de 2020, no hubo más reuniones formales con autoridades políticas. Si bien no se pierde el contacto, se requiere más que reuniones periódicas para atacar el problema de la inseguridad en General Pueyrredón. La última reunión oficial data del 11 de febrero de 2020, hace más de un año. Con la nueva comisión en el Concejo, quizás esto se pueda revertir.