El Gobierno bonaerense oficializó un decreto que fija un rígido esquema de programación presupuestaria para 2026, otorgando al Ministerio de Economía amplias facultades para controlar el ritmo del gasto. La medida, presentada como un intento de “saneamiento financiero”, centraliza aún más la administración de recursos y condiciona a todas las jurisdicciones a límites mensuales y trimestrales.

El decreto también ajusta el sistema de subsidios: exige autorización del Ejecutivo para montos elevados y endurece la devolución de fondos no utilizados, que ahora deberán reintegrarse con actualización por intereses. Estas disposiciones se suman a un entramado de excepciones que beneficia a áreas puntuales, mientras restringe a la mayoría de los organismos públicos.

Además, se obliga a las dependencias a remitir cronogramas detallados de inversión, ejecución y metas físicas, bajo amenaza de responsabilidad directa para directores y administradores. Seguridad, servicios básicos y programas específicos quedan exceptuados, pero el resto del aparato estatal deberá adaptarse a un esquema de control más estricto.

El Gobierno también refuerza la supervisión sobre subsidios, subvenciones y gastos de personal, imponiendo múltiples instancias de autorización y reportes mensuales. La centralización del manejo de fondos a través de la Cuenta Única del Tesoro implica que Economía tendrá control absoluto sobre la velocidad y destino de cada erogación.

Con este decreto, la administración provincial avanza hacia un modelo presupuestario más rígido y verticalizado, que apunta a ordenar las cuentas públicas pero también concentra el poder financiero en manos del Ejecutivo. El impacto real sobre municipios, organismos descentralizados y obras previstas para 2026 quedará sujeto a la implementación de este nuevo corset fiscal.