El Gobierno aceleró su estrategia parlamentaria y ahora estaría dispuesto a convalidar sin resistencia los cambios que introdujo la Cámara de Diputados al proyecto de reforma laboral, con el objetivo de asegurar su aprobación este jueves 19 de febrero y reenviar el texto al Senado al día siguiente. La maniobra revela la urgencia del Ejecutivo por cerrar un capítulo legislativo que acumula tensiones internas y reproches externos.

En la hoja de ruta oficial, el trámite debería quedar completamente saldado el viernes 27 de febrero, fecha en la que buscarían convertir la iniciativa en ley. Según fuentes de la mesa política libertaria, tras la sesión agendada el expediente se enviaría de inmediato al Senado, donde la senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, intentará forzar un dictamen exprés en la comisión el viernes 20. El cronograma, extremadamente ajustado, expresa más ansiedad que consenso.

En paralelo, sectores oficialistas habían barajado corregir mediante reglamentación el punto más cuestionado: la reducción del pago de licencias por enfermedad. Sin embargo, la alternativa se debilitó rápidamente por la falta de apoyo de los bloques dialoguistas, que no quieren cargar con los costos políticos de validar una reforma percibida como regresiva. En el centro de la polémica está el cambio al artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que recorta ingresos a trabajadores enfermos y omite definiciones clave para patologías graves. Las aclaraciones posteriores del ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, solo amplificaron la desconfianza.

Mientras el Gobierno maniobra para sostener la letra del proyecto, la CGT respondió con un paro general que se activará el mismo día en que Diputados trate la reforma en el recinto. Sin movilización, pero con un mensaje directo, la central obrera definió la medida luego de una reunión entre sus cotitulares Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio). Para la dirigencia sindical, los consensos para una huelga ya estaban “madurados”, y el descontento supera largamente la lógica de una protesta callejera tradicional.

La CGT rechaza diversos artículos que alteran indemnizaciones, jornadas laborales, vacaciones, licencias y el derecho a huelga. Entre los gremios crece la percepción de que el oficialismo busca imponer un recorte estructural de derechos sin un debate serio y con apuros legislativos que rozan la improvisación. La escalada sindical, sumada a la falta de acuerdos sólidos en el Congreso, expone que el intento de reforma laboral llega a febrero más debilitado de lo que revela el optimismo discursivo del Gobierno.