El debate sobre la presión fiscal municipal llegó a la Legislatura bonaerense con una pregunta que el diputado provincial de la UCR Diego Garciarena lanzó sin rodeos: "¿Por qué en lugar de atacar a los municipios y las tasas municipales no arrancan por una reforma tributaria nacional y otra provincial?". El legislador radical salió al cruce de la ofensiva del oficialismo nacional contra los tributos locales y puso sobre la mesa una discusión que excede a los municipios: la ausencia de una reforma estructural del sistema tributario argentino. Para Garciarena, los municipios son "el primer mostrador de reclamos y respuestas para los vecinos", asumen funciones que no les corresponden por la retirada del Estado en otros niveles y padecen una situación económica compleja sin poder interrumpir la prestación de servicios. "No hay que cortar el hilo por lo más delgado", advirtió, y reclamó dotar de verdadera autonomía financiera a los municipios para que no dependan de recursos que deben mendigar a la Nación o a la Provincia.

El contexto en el que se inscribe ese planteo es el de una ofensiva coordinada del oficialismo nacional. La Libertad Avanza presentó en 116 municipios de la provincia de Buenos Aires un proyecto para eliminar 138 tasas municipales y reducir 122 más, bajo el lema "las tasas retroceden". En paralelo, el Gobierno nacional lanzó un portal oficial en el que se publican los tributos que cada distrito cobra a hipermercados, entidades financieras, industrias y producción primaria, e invita a los contribuyentes a denunciar tasas que consideren excesivas o irregulares. La medida reavivó el debate sobre la presión fiscal municipal y desató cruces políticos de alto voltaje.

La ofensiva nacional no tardó en encontrar respuesta. La diputada provincial y titular del municipio de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, fue la primera en confrontar públicamente con el Gobierno. En un extenso posteo en redes sociales, la referente de La Cámpora acusó al Ejecutivo nacional de mantener una deuda de 14,7 billones de pesos con la provincia de Buenos Aires y de haber abandonado sus obligaciones en materia de seguridad, obras públicas y salud. "Es la manera que encontramos para poder suplir la ausencia de un Gobierno Nacional cruel e insensible", sostuvo, al tiempo que advirtió que las políticas de Milei "no las está pagando la casta, sino los trabajadores". El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le respondió con dureza a través de la misma red social, recordándole los índices de pobreza e inflación que dejó la gestión anterior.

El cruce no fue el primero. Meses antes, el ministro de Economía Luis Caputo había protagonizado un enfrentamiento similar con el intendente de Pilar, Federico Achával, tras el aumento de la Tasa de Protección Ambiental en ese distrito. Caputo llegó a pedir públicamente que los vecinos dejaran de comprar en Pilar, respaldando el rechazo de la Asociación de Supermercados Unidos. En ese marco, la Cámara Contencioso Administrativa de Mar del Plata declaró inconstitucional la "tasa por servicios esenciales" del municipio de Azul, que obligaba a productores a pagar hasta un litro de gasoil por hectárea por mes sin una contraprestación concreta, y ordenó devolver lo recaudado.

No todos los intendentes rechazaron la iniciativa oficial. Diego Valenzuela, titular de Tres de Febrero en uso de licencia y actual director de la Agencia de Seguridad Migratoria, defendió la publicación del mapa de tasas al considerarla "una herramienta institucionalmente valiosa que fortalece la transparencia fiscal". El funcionario afirmó que en su distrito las tasas vienen reduciéndose desde hace años como resultado de la modernización administrativa y la optimización del gasto, y señaló que un esquema tributario más previsible "genera condiciones favorables para el desarrollo económico local". El debate, lejos de cerrarse, anticipa nuevos capítulos en la disputa entre el Gobierno nacional y los municipios bonaerenses por el financiamiento y la presión impositiva.