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La Plata
Paro docente y de auxiliares deja otra vez sin clases a miles de alumnos bonaerenses
El lunes 9 de marzo las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires volverán a quedar afectadas por un paro convocado en adhesión al Paro Internacional Feminista del 8M. La medida llega tras un inicio de ciclo lectivo atravesado por huelgas y con fuerte malestar docente por salarios.
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Las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires volverán a tener una jornada sin clases este lunes 9 de marzo debido a un paro convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA).

La medida se inscribe en la adhesión al Paro Internacional Feminista por el Día Internacional de la Mujer (8M). A diferencia de los paros de la semana pasada, esta huelga no responde principalmente a un reclamo salarial sino a la convocatoria vinculada a la jornada de lucha feminista.

Sin embargo, el impacto será amplio en el sistema educativo bonaerense. La adhesión de los auxiliares de la educación, nucleados en ATE y responsables de tareas de limpieza, mantenimiento y asistencia en los establecimientos, suele impedir la apertura de muchas escuelas aun cuando parte del cuerpo docente no adhiera.

La medida se produce apenas días después del inicio del ciclo lectivo 2026, que ya había comenzado con interrupciones. Durante la primera semana de clases, miles de estudiantes sólo tuvieron tres jornadas en las aulas debido al paro nacional docente del lunes 3 y a una huelga convocada por SUTEBA Multicolor, sector disidente de la conducción que encabeza Roberto Baradel.

Desde esa corriente opositora al baradelismo también convocaron a un paro y movilización para el lunes, en el marco del mismo Paro Internacional Feminista. Además de adherir a la jornada del 8M, el espacio reclama contra lo que define como el “ajuste salarial” del gobierno provincial de Axel Kicillof, rechaza la reforma educativa impulsada por el gobierno de Javier Milei y cuestiona la reforma laboral que consideran “esclavista”.

Entre sus consignas, el sector disidente también incluyó reclamos contra los femicidios, travesticidios y crímenes de odio, además de exigir a la conducción nacional de CTERA y a la dirección provincial de SUTEBA la convocatoria a un plan de lucha.

No todos los gremios docentes se sumarán a la medida. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), uno de los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), ya anunció que no adherirá al paro.

La convocatoria llega pocos días después de que el gobierno bonaerense cerrara una nueva paritaria con los gremios docentes. La propuesta aceptada contempla consolidar el 1,5% otorgado por decreto en febrero —a cuenta de futuros aumentos— y sumar un 5% en marzo y un 2,5% en abril.

De esta manera, el incremento bimestral alcanza el 7,5% y el acumulado entre febrero y abril llega al 9%, calculado sobre los haberes de enero. La oferta fue aprobada por amplia mayoría en las consultas y asambleas realizadas por los gremios que integran el FUDB, entre ellos SUTEBA, FEB, AMET, SADOP y UDOCBA.

Pese a ese acuerdo salarial, el inicio del calendario escolar quedó marcado por las medidas de fuerza y anticipa otra semana corta para miles de alumnos del sistema público bonaerense.

Al cruce de Kicillof y su "lógica de conflicto permanente"

En un contexto en el que el calendario escolar bonaerense ha sufrido interrupciones recurrentes en distintos momentos de los últimos años, el senador Pablo Petrecca, presidente del Bloque de Senadores del PRO de la Provincia de Buenos Aires, presentó un proyecto de ley para declarar esencial el servicio educativo en todo el territorio provincial.

La iniciativa, acompañada por la totalidad del bloque, busca garantizar la continuidad, regularidad y calidad del servicio educativo, estableciendo un marco legal que permita asegurar el dictado de clases incluso en situaciones de conflicto que puedan afectar el normal desarrollo del ciclo lectivo.



El proyecto establece que, ante situaciones que interrumpan o pongan en riesgo el dictado de clases, la autoridad de aplicación deberá garantizar prestaciones mínimas obligatorias, preservando el derecho de niñas, niños y adolescentes a acceder a la educación.

Entre esas prestaciones mínimas se incluyen:

• la apertura de los establecimientos educativos,
• la presencia de personal directivo y docente suficiente para el dictado de clases,
• la continuidad de los servicios alimentarios escolares y de apoyo social,
• el mantenimiento del servicio de limpieza en las instituciones educativas,
• y la continuidad del transporte escolar rural.

Según explicó Petrecca, el proyecto busca poner en el centro del debate el derecho de los estudiantes a aprender, en un sistema educativo que atraviesa tensiones estructurales y conflictos recurrentes.

“La educación no puede apagarse cada vez que el sistema entra en conflicto. Los debates deben darse siempre con los chicos en el aula”, señaló.

El senador aclaró que la iniciativa no cuestiona el derecho de huelga ni los derechos laborales de los trabajadores de la educación, sino que busca garantizar que el derecho de los estudiantes a aprender pueda resguardarse incluso en contextos de conflicto, promoviendo un equilibrio responsable entre todos los derechos involucrados.

En ese sentido, destacó el rol central que cumplen los docentes dentro del sistema educativo. “Los docentes son el corazón de la escuela. Su vocación, compromiso y trabajo cotidiano son el pilar del sistema educativo. Por eso creemos que su tarea debe ser reconocida con condiciones laborales adecuadas y con un salario digno acorde a la enorme responsabilidad que tienen en la formación de las nuevas generaciones”, afirmó.

Sin embargo, Petrecca advirtió que el sistema educativo bonaerense no puede seguir funcionando bajo una lógica de conflicto permanente, donde muchas veces los estudiantes terminan siendo rehenes de disputas que exceden lo estrictamente educativo.

“En la provincia existe una dinámica preocupante donde algunos actores sindicales participan simultáneamente de instancias de negociación, de presión y también de espacios de decisión dentro del propio sistema educativo. Ese doble rol termina generando tensiones permanentes que afectan directamente el funcionamiento de las escuelas”, explicó.

El senador señaló que muchas veces esta ambivalencia institucional -estar al mismo tiempo de los dos lados del mostrador- termina trasladando el conflicto al aula, afectando la continuidad del ciclo lectivo y perjudicando especialmente a los alumnos más vulnerables.

“Cuando el sistema queda atrapado en una lógica de confrontación permanente, los chicos quedan en el medio. Y la escuela no puede convertirse en rehén de intereses corporativos o disputas sectoriales que se repiten todos los años”, sostuvo.

Petrecca subrayó además que el sistema educativo provincial necesita mayor previsibilidad institucional y reglas claras, evitando que los conflictos se traduzcan sistemáticamente en suspensión de clases. “El sistema educativo necesita responsabilidades claras y un marco institucional que priorice el derecho a aprender. Cuando el conflicto se vuelve permanente, quienes pagan el costo son siempre los estudiantes”, expresó.

El proyecto busca introducir una herramienta institucional concreta, distinta a otros planteos legislativos centrados únicamente en diagnósticos o declaraciones de principios.

“La educación pública se defiende con hechos. Defenderla es garantizar que la escuela esté abierta, que los docentes puedan enseñar y que los chicos puedan aprender”, concluyó.

Además, la iniciativa apunta a ordenar institucionalmente el sistema educativo bonaerense, asegurando que el derecho de los estudiantes a aprender se mantenga protegido incluso en contextos de tensión. "Porque cuando la escuela se detiene, la desigualdad avanza", sentenció.
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