La crisis de IOMA volvió a exponer sus consecuencias en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon. Durante la Comisión de Salud Comunitaria y Desarrollo Humano de este miércoles, tres mujeres llevaron sus reclamos por las dificultades para acceder a prestaciones médicas, la falta de respuestas de las autoridades y el deterioro de la cobertura en Mar del Plata. El planteo no fue nuevo, las afiliadas ya habían acudido al cuerpo meses atrás y, según denunciaron, la situación lejos de mejorar se agravó. Entre las demandas, reclamaron una auditoría de los fondos de la obra social y una intervención que permita determinar cómo se administran los recursos y quiénes son responsables de las prestaciones que no se garantizan.

El testimonio más duro fue el de Valeria Soledad Carrera, hija de Silvia Anansi González, una mujer de 56 años fallecida en el marco de una situación que continúa bajo investigación judicial. Carrera relató que, después de la muerte de su madre, ella misma atravesó un episodio de salud grave sin encontrar un lugar donde atenderse. Según contó, fue derivada a un policonsultorio que no contaba siquiera con los medios para realizarle una radiografía. Finalmente, pudo acceder a atención médica gracias a otra cobertura vinculada con su trabajo en el sector privado y permaneció tres días internada. “Nos quedó solamente una clínica”, advirtió al describir el escenario local, en referencia a la reducción de prestadores disponibles para los afiliados de IOMA.

El reclamo también apuntó a la falta de explicaciones institucionales. Carrera aseguró que intentó comunicarse con el titular de IOMA, Homero Giles, y con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sin obtener la respuesta que esperaba. Además, cuestionó que no hubiera avances suficientes en la investigación por la muerte de su madre y relató presuntos episodios de hostigamiento que, según sostuvo, comenzaron después de que hizo públicas sus denuncias. La comisión se comprometió a hacer llegar la documentación presentada a todos los bloques y a gestionar un contacto con las autoridades locales de IOMA para intentar que la afiliada sea recibida por su conducción. Sin embargo, las respuestas políticas volvieron a poner sobre la mesa una dificultad central, ya que el Concejo puede emitir resoluciones y realizar gestiones, pero no tiene facultades directas para administrar ni intervenir la obra social provincial.

Desde la UCR-Nuevos Aires, la concejala Gabriela Azcoitia enumeró los expedientes que siguen en tratamiento, entre ellos una jornada de trabajo prevista para el 11 de diciembre a las 9, a la que fueron convocados Homero Giles, el titular local de IOMA y representantes de la zona sanitaria. También mencionó iniciativas sobre el transporte para personas con discapacidad, las prestaciones de salud mental y la necesidad de restablecer la cobertura médica, los medicamentos y la oferta de profesionales. 

Julián Bussetti, concejal del PRO, endureció el tono contra la conducción de IOMA y el gobierno provincial. Cuestionó que las afiliadas deban regresar reiteradamente al Concejo sin obtener soluciones y sostuvo que la falta de escucha de las autoridades agrava el conflicto. “Para hacerse cargo hay que escuchar, primero que nada”, planteó. Después, apuntó al manejo de los recursos y reclamó una auditoría que permita conocer su destino. “Los fondos de IOMA tienen que ir a IOMA, no a cualquier capricho de la provincia de Buenos Aires o a cualquier aventura política”, afirmó, antes de sostener que esos recursos estarían financiando “muchas cuestiones políticas”. Se trata de una acusación política que Bussetti acompañó con un pedido de rendición de cuentas. También sostuvo que la falta de mayorías opositoras en la Legislatura bonaerense limita la posibilidad de impulsar cambios y cuestionó que el oficialismo provincial no haya resuelto el conflicto.

El planteo de Bussetti tuvo, además, una lectura electoral. Advirtió que las autoridades podrían acercarse a las afiliadas a medida que se aproximen las elecciones, fingiendo interés en una problemática que lleva meses sin respuestas. Su intervención trasladó la discusión desde las prestaciones médicas hacia la disputa por la administración de los recursos y el uso político de la crisis. Sin embargo, Carrera volvió a poner el eje en la experiencia concreta de su familia y marcó una distinción que atravesó el debate. “Los médicos del Regional atendieron a mi mamá de maravilla. Estoy en contra de los que están más arriba en un escritorio diciendo quién se salva y quién no”, expresó. La mujer sostuvo que los profesionales habían solicitado trasladar a su madre a una unidad coronaria, pero que esa posibilidad se habría rechazado por una cirugía programada que, según su relato, no implicaba riesgo de vida. 

Al cierre, las afiliadas agradecieron el acompañamiento de los distintos bloques, pero insistieron en que necesitan respuestas de quienes tienen capacidad efectiva de decisión. 

El saldo de la comisión volvió a exhibir una paradoja, ya que hubo coincidencias políticas en torno a la gravedad del problema, proyectos acumulados y compromisos de gestión, pero ninguna solución inmediata para quienes no consiguen atención o deben afrontar de su bolsillo prestaciones que consideran cubiertas. Mientras la discusión partidaria se concentra en quién controla IOMA, cómo se utilizan sus recursos y qué responsabilidades le caben al gobierno provincial, las afiliadas siguen esperando una respuesta concreta.