En el día de ayer salió a la luz el contrato que une a la productora de Diego Gvirtz, Pensado para Televisión (PPT) con la televisión pública, donde Canal 7 le abona mensualmente la cifra de $900.000, lo que significa que anualmente se le da a la productora 11 millones de pesos para mantener en pantalla el ciclo “6.7.8”.

El ciclo que se convirtió en la principal tribuna mediática del kirchnerismo para combatir las movidas opositoras y del Grupo Clarín, da cuenta de un discurso uniforme, donde no hay críticas al gobierno que encabeza Cristina Fernández y donde se denosta en forma sistemática a todos aquellos periodistas y políticos que se muestran contrarios a la administración K.

Pero hay otro motivo más que salta a la discusión pública, y es que el Estado nacional a través de la gerencia de la televisión pública, tienen la potestad de revisar los contenidos que sale por el programa que conduce Luciano Galende y tiene como panelistas a Orlando Barone y Sandra Russo, por lo que se ejerce una manera de censura previa, tan criticada por el propio productor televisivo en tiempos en los que estaba en América televisión.

Una de las cosas que llamó la atención a la hora de conocerse este contrato, es la discrecionalidad con la que maneja los dineros públicos el gobierno, ya que por un lado hay dinero para financiar un programa televisivo en defensa de la política gubernamental, pero por el otro pone todas las trabas visibles a una modificación de la Ley jubilatoria, que le brindaría a los jubilados cobrar lo que merecen, que es el 82% móvil.

Mientras se gasta 11 millones de pesos en un programa televisivo, o se brindan 600 millones de pesos anuales para la televisación del fútbol de primera división, el gobierno sale a cuestionar en boca del ministro de Economía Amado Boudou, el proyecto que impulsa la oposición que fija la jubilación mínima en el 82% móvil del salario mínimo, vital y móvil.

El ministro kirchnerista, que durante los años ’90 un enérgico defensor de las políticas neoliberales implementadas por Carlos Menem y fuera en sus épocas de estudiante universitario dirigente de Unión para la Apertura Universitaria (UPAU), el brazo político de la Ucedé liderada por Álvaro Alsogaray en los centros estudiantiles de las distintas facultades del país, salió a reconocer hoy que el gobierno se ve impedido de dar esa cifra que les pertenece a los jubilados, porque sino “se pone en jaque el sistema previsional”.

Boudou afirmó hoy que el proyecto opositor "está fuera de época y más que una mejora para los jubilados, parece un eslogan. Esta situación nos obliga a hacer un planteo técnico serio y responsable para analizar esta cuestión, que se está debatiendo con ligereza y liviandad. Parece que algunos tienen más ganas de ganar una tapa en el diario del día siguiente que mejorar la situación de los jubilados".

El gobierno, a pesar de que salga a desmentirlo con diversos voceros, tiene otras prioridades antes de los jubilados, como por ejemplo, establecer una buena base comunicacional que sirva como sostén para las elecciones del año que viene, y de ahí sale la enorme cantidad de dineros públicos que se destinan a la producción de los programas de PPT o a la transmisión oficial del fútbol de primera división.

Los jubilados, que en épocas electorales son uno de los caballitos de batalla de todos los partidos políticos, cuando deben ser tomados en serio para mejorar su situación, son ignorados por las autoridades oficiales, tal como puede verse hoy en día con las acciones que hace el Ejecutivo para negarle la posibilidad de poder recibir el 82% móvil.

El manejo de los dineros públicos por parte del oficialismo está en el centro de la disputa política, y el proyecto de reforma jubilatoria, junto con la información de lo que recibe la productora de Diego Gvirtz para realizar su ciclo en Canal 7, no hace más que dejar en claro cuáles son las preponderancias centrales del kirchnerismo y qué es lo que piensa efectuar con los dineros de todos los argentinos de cara al futuro.