El Departamento de Justicia de los Estados Unidos inició la etapa preliminar de la investigación sobre la criptomoneda $LIBRA, tras la denuncia presentada contra el presidente argentino Javier Milei y otros involucrados en la operatoria. El mandatario difundió la existencia de la criptomoneda, a la que presentó como un proyecto privado de inversión en empresas argentinas, pero colapsó en pocas horas, lo que derivó en múltiples acusaciones de fraude.

La denuncia fue radicada por el estudio jurídico argentino Moyano & Asociados y apunta también contra el estadounidense Hayden Mark Davis de Kelsier Ventures, el empresario singapurense Julian Peh y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Según la presentación, Kelsier Ventures y Kip Protocol, la firma de Peh, fueron las responsables del lanzamiento de $LIBRA, mientras que Novelli y Terrones Godoy habrían actuado como nexos entre Milei y los empresarios extranjeros.

La investigación inicial, reveló la agencia EFE, quedó a cargo de la Sección Fraudes de la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, especializada en delitos económicos y financieros complejos.

Por otro lado, Moyano & Asociados también informó del caso a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). El organismo anunció la creación de la Unidad de Tecnologías Ciber y Emergentes para perseguir "a aquellos que buscan tergiversar la innovación para perjudicar a los inversores y disminuir la confianza en las nuevas tecnologías", según confirmaron a EFE fuentes con acceso a la causa.

En paralelo, la Justicia argentina abrió una investigación encabezada por el fiscal federal Eduardo Taiano. El funcionario encomendó a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación la tarea de esclarecer los detalles de la creación y el lanzamiento de $LIBRA. Entre los nombres en la mira figura el del argentino Sergio Daniel Morales, cuya participación en la operatoria aún no ha sido precisada.

También un estudio jurídico neoyorquino (Burwick Law) inició una causa en EEUU, en este caso civil, que apunta a la compensación económica de los damnificados por el Criptogate.

Turbulencia política 

El escándalo se convirtió en una de las mayores crisis políticas de la gestión de Milei. Todo comenzó cuando el presidente difundió en sus redes el lanzamiento de la criptomoneda, en una publicación en la que afirmó que permitiría financiar emprendimientos y pequeñas empresas en Argentina. La expectativa disparó el precio de la divisa hasta que los principales inversores retiraron sus fondos con ganancias millonarias, lo que provocó el desplome de su cotización.

Ante las acusaciones de estafa, Milei eliminó la publicación y se desligó del caso. Aseguró haber actuado "de buena fe" y aclaró que solo difundió la existencia de la criptomoneda, sin promocionarla. No obstante, su negativa a asumir responsabilidad por las pérdidas de los inversores mantiene la polémica encendida, al punto de que en agencias de noticias internacionales lo llaman “el criptofiasco de Javier Milei”.

En diálogo con La Tecla, el abogado Adrián Rodríguez Díaz, especialista en derecho informático, ciberseguridad y ciberdelitos, explicó de qué manera se dio la operatoria con la criptomoneda y el alcance de las denuncias hechas en el aparato judicial estadounidense. 

-¿Puede haber acciones legales contra Milei?

-La doctrina del destino manifiesto ha sido un eje fundamental para la diagramación del discurso político de los líderes estadounidenses, incluso se ha constituido como una prerrogativa esencial en el proceso de construcción de la política legislativa de Estados Unidos y en la edificación de su política exterior. La ley FCPA se sanciona en el Congreso de los Estados Unidos en 1977 tras actos de corrupción de escala global conocido como Watergate, que derivó en la renuncia a la presidencia de Richard Nixon como el único caso en la historia norteamericana. En ese mismo año, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) informó que más de 400 compañías registradas en Estados Unidos habían pagado más de 300 millones de dólares en sobornos y otros actos de corrupción a oficiales de Gobierno y otras autoridades de países extranjeros. 

En esa norma, la cláusula de terceros y agentes de esta ley mencionada constituye una puerta abierta a la inseguridad jurídica de orden internacional. La justicia en manos y potestad de jueces estadounidenses entonces tiene imperium para juzgar ejecutivos de empresas multinacionales –aun siendo estos nacionales de otros países- por el solo hecho de tener una conexión laboral con una empresa basada o vinculada a Estados Unidos –considerando que es improbable hallar una multinacional que carezca de algún vínculo con ese país constituye una peligrosa afectación al orden jurídico internacional así como al principio básico de certeza y seguridad jurídica.

Revés para Javier Milei: el criptogate se encuentra bajo la lupa estadounidense

Puede haber penas de hasta 20 años de prisión contra los responsables de la estafa cripto.

No obstante, otra de las autoridades estadounidenses dependientes de la executive Branch del gobierno de ese país,  como es el caso de la  SEC (Securities and Exchange Commission ) organismo análogo a la CNV argentina , que es una agencia del gobierno federal independiente y responsable de proteger a los inversores, mantener el funcionamiento justo y ordenado de los mercados de valores y facilitar la formación de capital podría también intervenir o colaborar en la investigación del caso LIBRA. 

También la CFTC (Commodities Futures Trading Comission) que es la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos, una agencia independiente del gobierno de los Estados Unidos encargada de regular los mercados de futuros y opciones, cuya similitud con la CNV es manifiesta pero presenta mayor especificidad, puede desempeñar un papel crucial en la protección de los inversionistas y la prevención del fraude y la manipulación en los mercados de derivados, contribuyendo así a mantener la integridad y la confianza en los mercados financieros de Estados Unidos. 

Así se puede decir que los tres organismos norteamericanos,  tienen herramientas legales para investigar y sancionar este tipo de fraudes, incluso cuando los responsables están fuera de su territorio. Como antes mencionara, hechos como la afectación de ciudadanos estadounidenses, el uso de tecnología basada en EE.UU. y la regulación de los mercados de valores y commodities habilitan la jurisdicción a tal fin.

Debe aclararse también que si los beneficios obtenidos con presunta estafa fueron canalizados a través de instituciones financieras o convertidos en otros activos para ocultar su origen, presuntamente puede existir lavado de dinero y sus responsables en este caso los desarrolladores podrían enfrentar hasta 20 años de prisión por esa infracción.