En un clásico de la Argentina inflacionaria de los últimos años, la tensión entre los supermercados y las empresas de consumo masivo por las listas de precios continúa. La escalada comenzó luego de que el Gobierno anunciara la flexibilización del cepo cambiario y el dólar subiera un 10% en los primeros días de la semana pasada. Con la posterior baja en la cotización de la divisa la mayoría de las empresas dieron marcha atrás, pero en el sector aceitero solo una lo hizo, el resto mantienen subas de entre el 9% y el 10% que los comercios no están dispuestos a aceptar. Las cadenas advierten que si la situación persiste, podrían faltar algunas marcas en las góndolas.

El tire y afloje entre los supermercados y sus proveedores se transformó en una constante.  Lo que se vive desde la semana pasada es un episodio más de esa disputa por determinar la rentabilidad de cada integrante en la cadena, pero con la particularidad de que en este caso los comercios aseguran que sus clientes no tienen resto para convalidar las subas.

Los datos de la consultora Scentia avalan la teoría. El último relevamiento de la firma marca una caída interanual del 5,4% en marzo de 2025. A pesar de que el mismo mes del año anterior las ventas ya se habían desplomado un 7,4%. Siempre siguiendo la serie de Scentia, con marzo se acumulan 14 meses de caídas interanuales consecutivas.

Con este escenario, los supermercados decidieron resistir las subas que dispuso la industria a partir de la semana pasada. “No vamos a aceptar listas especulativas”, advirtió el titular de la Asociación de Supermercados Unidos, Juan Vasco Martínez en diálogo con Radio 10. En el Gobierno se sumaron al reclamo y pidieron cautela a los proveedores.

En este contexto, el faltante de aceite podría hacerse presente en las góndolas de los supermercados de Argentina, tal como sucedió durante la última presidencia de Cristina Kirchner o el mandato de Alberto Fernandez. La gestión anterior lo había resuelto a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Agricultura, donde se firmó la resolución conjunta que ordenaba a la industria aceitera a la creación de un fideicomiso, del que participaron todos los principales abastecedores de aceite locales y todos los exportadores de poroto, harina y aceite de soja y de semilla de girasol.