El gobierno nacional oficializó la eliminación de la participación directa del Estado en las negociaciones salariales docentes a nivel federal. A través del decreto 341/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, se modificó el esquema previsto por la ley para dejar en manos del Consejo Federal de Educación y de los sindicatos con representación nacional el acuerdo sobre condiciones laborales, calendario escolar, salario mínimo y carrera docente. La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano ya no formará parte de la mesa paritaria y solo podrá intervenir si existen objeciones presupuestarias una vez alcanzado el convenio.

La medida implica un giro en el rol del Estado nacional en el sistema educativo. La decisión se fundamenta en la transferencia previa de los servicios educativos a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son consideradas las empleadoras naturales de los docentes en cada jurisdicción.

Según la norma, el Consejo Federal de Educación -que nuclea a los ministros del área de las 24 jurisdicciones del país- será el encargado de negociar directamente con los gremios. La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano solo participará de forma posterior, revisando la viabilidad fiscal de lo pactado. En caso de que el acuerdo no pueda aplicarse por limitaciones presupuestarias, podrá rechazarlo y solicitar una nueva propuesta.

La decisión se enmarca en los objetivos explicitados de “optimizar la eficiencia del gasto público” y reducir la intervención del Estado nacional en funciones consideradas innecesarias. El decreto sostiene que el nuevo esquema apunta a fortalecer el carácter federal del sistema educativo, asignando a las provincias el protagonismo en las decisiones que afectan a sus planteles docentes.

El nuevo mecanismo reemplaza un esquema que preveía la intervención activa del estado nacional en la definición de un convenio marco docente a nivel federal, consensuado entre el Ministerio de Educación, el Consejo Federal y las entidades gremiales. Esa estructura fue instaurada en 2006 con la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo, que estableció criterios comunes para las condiciones de trabajo en todo el país.