La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia del Chubut, decidió por mayoría denunciar penalmente a los 6 integrantes del Superior Tribunal de Justicia de la provincia;  solicitar la realización del juicio político al presidente del máximo tribunal, Javier Raidan; iniciar un juicio de ejecución para cobrar los aumentos acordados; interponer un recurso de amparo para que el Superior responda al pedido de informes se presentó. 

El encuentro de los integrantes del gremio que nuclea a jueces, fiscales y defensores chubutenses se realizó a través de la plataforma “zoom”, lo que permitió una abrumadora participación de magistrados quienes, por amplia mayoría, decidieron sentar en el banquillo de los acusados a los seis integrantes del Superior Tribunal de Justicia de la provincia.

La denuncia penal apuntaría a resaltar el incumplimiento de los deberes de funcionario público en los que habrían incurrido los Ministros al aumentarse sus ingresos, sin que dicho incremento salarial respetara, entre otras normas, la ley de ética pública y de porcentualidad que posibilita que todo aumento de salario alcance a todos los estamentos del poder judicial de manera proporcional a la categoría de cada empleado.

Al mismo tiempo se decidió avanzar en la presentación de un pedido de juicio político a Javier Raidan que deberá ser tratado por la Legislatura.  Los argumentos que sostendrán tamaño pedido serán las “irregularidades” detectadas y el “avasallamiento” durante su presidencia.

Por otra parte la situación con el gremio Sitrajuch recrudece. El presidente del STJ se negó a recibirlos y los trabajandores que vienen manteniendo medidas de fuerza desde hace varias semanas exigen el pago de una deuda del 11,8% y la derogación de las acordadas que habilitaron aumentos irregulares.

En los últimos días trascendieron además millonarias compras y gastos por parte de los miembros del Superior. Todo comenzó con una publicación del exministro Fernando Royer. El exjuez publicó en su cuenta de Facebook que los ministros del Superior Tribunal de Justicia habían adquirido seis camionetas Toyota SW4, con un costo de más de 420 millones de pesos. Además, sumó viáticos, pasajes, gastos sin discriminar, tarjeta corporativa y alquileres pagos.

Como si esto fuera poco, ayer se conoció el relevamiento en sus puestos de dos trabajadores responsables de las áreas de prensa y ceremonial, Dario Roberts y Gustavo Weinger. La decisión se tomó desde la presidencia del STJ y los argumentos tendrían que ver con supuestos chats privados con opiniones personales de los trabajadores y no con alguna falta en su labor.