En La Matanza, el distrito más poblado de la provincia de Buenos Aires con más de un millón de electores habilitados, el PRO decidió retirar a más de 1.000 fiscales que habían sido inscriptos para controlar los comicios, dejando sola a La Libertad Avanza (LLA) en el operativo de fiscalización. La medida, que sacude la alianza oficialista, se produce en medio de acusaciones cruzadas por presunto mal manejo de fondos y falta de transparencia, profundizando las tensiones internas entre ambos espacios.

El conflicto tiene como eje al dirigente Luis “Lucho” Ontiveros, un exreferente peronista con amplia trayectoria en distintos partidos, que se sumó a LLA en 2023 bajo el ala de Sebastián Pareja, presidente del partido libertario en la provincia y actual candidato a diputado nacional. Ontiveros fue señalado por sectores del PRO, encabezados por Alejandro Finocchiaro, de haber retenido parte de los fondos destinados al operativo electoral, calculados en unos 50.000 dólares, durante las elecciones provinciales del 7 de septiembre, cuando faltaron más de 2.000 fiscales en las mesas bonaerenses.

La desconfianza creció tras esa experiencia y ahora, en el marco de la alianza entre libertarios y macristas para las legislativas, el PRO acusa a LLA de repetir errores que habrían favorecido al peronismo, que en septiembre ganó en La Matanza por más de 13 puntos. A esto se suma la decisión de la concejal electa Leila Gianni, de retirar a unos 200 fiscales bajo su coordinación, denunciando falta de comunicación y desorganización dentro del esquema que lidera Ontiveros.

“Hace dos semanas entregamos las planillas con nombres, documentos y celulares para distribuir a los fiscales en todas las escuelas. Estamos a martes y nadie responde dónde mandarlos ni qué lugar tienen asignado. Van a repetir lo que hicieron el 7 de septiembre”, expresó una fuente involucrada en el operativo, reflejando el clima de malestar dentro del espacio.

Frente a la crisis, Sebastián Pareja habría intervenido en las últimas 48 horas para desplazar a Ontiveros y reorganizar la estructura de fiscalización, reasignando escuelas a grupos cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo, según audios y mensajes filtrados. En paralelo, el Gobierno busca reforzar el control electoral con 20.000 fiscales del PRO en toda la provincia, con la meta de alcanzar 47.000 entre ambas fuerzas.

El episodio expone con crudeza las fracturas dentro de la alianza entre LLA y el PRO, justo cuando el oficialismo enfrenta las legislativas como un plebiscito sobre la gestión de Javier Milei. Con La Matanza como bastión clave del peronismo, el desenlace en el distrito podría resultar determinante para el equilibrio de fuerzas en el Congreso, donde Milei busca consolidar apoyo para avanzar con sus reformas económicas.