El Gobierno de Javier Milei remitió al Congreso el proyecto de ley para modificar la Ley 26.639 de Protección de Glaciares, vigente desde 2010. La iniciativa, que surge de reclamos de provincias mineras, apunta a redefinir los criterios de protección ambiental para facilitar actividades económicas como la minería en zonas cercanas a glaciares, con el objetivo de atraer inversiones millonarias en sectores como el cobre y el litio.

La normativa actual define a los glaciares como masas de hielo perenne y prohíbe expresamente la exploración y explotación minera en ellos y en ambientes periglaciares, así como cualquier actividad que pueda alterar su dinámica natural o la calidad del agua.

El artículo 6 de la ley establece vedas estrictas para evitar impactos ambientales, priorizando la preservación de estos recursos hídricos estratégicos.

El proyecto propone correcciones a lo que el Ejecutivo califica como "graves falencias interpretativas" en la ley vigente, que habrían generado inseguridad jurídica y paralizado inversiones bajo "pretextos ideológicos".

Entre los cambios específicos se incluyen, una definición más precisa de glaciares y ambientes periglaciares, con énfasis en aquellos que cumplen una "función hídrica efectiva".

Fortalecimiento de estándares ambientales existentes y eliminación de discrecionalidades en las interpretaciones.

 

Mayor rol para las provincias en las evaluaciones de impacto ambiental, reconociendo su capacidad técnica y científica, en línea con el federalismo ambiental establecido en la Constitución Nacional (artículos 41 y 124).

Mejor articulación con el Inventario Nacional de Glaciares para contar con datos actualizados y útiles en la toma de decisiones.

Permitir actividades mineras en áreas periglaciares bajo supervisión provincial, lo que facilitaría el ingreso de proyectos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El objetivo principal es compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo, desbloqueando inversiones estimadas en hasta US$35.000 millones en minería de cobre, según fuentes oficiales. Esto respondería a demandas de provincias como Catamarca, Jujuy, Salta (Mesa del Litio) y Mendoza, San Juan (Mesa del Cobre), donde el 75% de los proyectos mineros se ven afectados por las restricciones actuales

Desde el Gobierno, se argumenta que la reforma establece "reglas claras" para proteger glaciares clave mientras se impulsa el crecimiento económico. El presidente Milei destacó que la idea surgió del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y fue discutida con homólogos de San Juan (Marcelo Orrego), Catamarca (Raúl Jalil) y Jujuy (Carlos Sadir). Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), celebró la iniciativa, afirmando que "destrabaría inversiones multimillonarias" en cobre y otros minerales.

Para el oficialismo, la ley actual bloquea el desarrollo sin necesidad, y la reforma reafirma el equilibrio entre ambiente y producción, promoviendo un "verdadero federalismo ambiental".

La propuesta generó un fuerte rechazo de más de 25 organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas y científicos, quienes alertan sobre su posible inconstitucionalidad y los impactos irreversibles en el agua.

En un comunicado conjunto, grupos como Greenpeace, Wildlife Conservation Society y otras enfatizan que "sin agua, no hay desarrollo posible", y que la ley actual no impide el progreso sino que lo ordena, garantizando que no se avancen sobre zonas protegidas. Critican que la reforma habilitaría minería de gran escala en alta montaña, con riesgos de pérdida de agua almacenada en glaciares, modificación de dinámicas naturales y contaminación.

Recuerdan que la Corte Suprema confirmó la constitucionalidad de la norma en 2019, priorizando derechos colectivos como el acceso al agua sobre intereses individuales. En provincias como La Rioja, se suman advertencias sobre el impacto local. Opositores como los de Unión por la Patria y sectores de izquierda ven en esto un retroceso ambiental impulsado por lobby minero.

El proyecto fue enviado el 15 de diciembre y se espera que sea debatido durante las sesiones extraordinarias del Congreso, convocadas por el Ejecutivo para el período de diciembre de 2025 a febrero de 2026.

No se ha fijado una fecha precisa, pero fuentes oficiales indican que podría ingresar en comisiones pronto, dada la prioridad asignada por el Gobierno para avanzar en desregulaciones económicas. Esta reforma reaviva un debate histórico que enfrenta intereses económicos con la preservación ambiental, en un contexto de crisis hídrica agravada por el cambio climático. El Congreso deberá equilibrar estas posturas en las próximas semanas.