Actualizado: Domingo, 11 octubre 2026
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La Plata
La guerra por la AGN suma un nuevo capítulo: el PRO sacude el tablero
El bloque de diputados del PRO rompió el silencio este domingo para rechazar de plano las versiones que lo señalan como responsable de haber facilitado la designación de nuevos auditores en la Auditoría General de la Nación (AGN)
El bloque de diputados del PRO rompió el silencio este domingo para rechazar de plano las versiones que lo señalan como responsable de haber facilitado la designación de nuevos auditores en la Auditoría General de la Nación (AGN) y denunció que la votación fue producto de un acuerdo político “ilegal e inconstitucional” entre La Libertad Avanza, el kirchnerismo y el bloque Innovación Federal.
A través de un comunicado difundido el 28 de diciembre, el espacio que conduce Cristian Ritondo sostuvo que su retiro del recinto durante la sesión de madrugada no tuvo como objetivo allanar el tratamiento, sino evitar convalidar un procedimiento que, según afirmaron, violó el artículo 63 de la Constitución Nacional.
Desde el PRO aseguraron que el resultado de la votación estaba definido antes del inicio de la sesión. Según explicaron, La Libertad Avanza, Unión por la Patria e Innovación Federal ya contaban con los votos necesarios para habilitar el tratamiento y aprobar las designaciones, que finalmente fueron avaladas con 189 votos positivos.
“El resultado no dependía matemáticamente de nuestra presencia”, remarcaron.
La polémica se desató luego de que, bien entrada la madrugada y fuera del temario habilitado para las sesiones extraordinarias, la Cámara de Diputados aprobara la designación de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti como nuevos auditores generales, tras un acuerdo sellado entre Máximo Kirchner y el presidente de la Cámara, Martín Menem.
El bloque amarillo denunció que la sesión se realizó “sin transparencia”, en un horario inusual y sobre un tema que no figuraba en el decreto de convocatoria firmado por el Poder Ejecutivo. En ese sentido, afirmaron que permanecer en las bancas, incluso votando en contra, hubiera implicado legitimar “un acto viciado de nulidad absoluta”.
La tensión escaló rápidamente y derivó en una ofensiva judicial. Así fue que Ritondo presentó una acción de amparo ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal para que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de lo votado, junto con una medida cautelar urgente para frenar la asunción de los nuevos auditores.
El conflicto también expuso fisuras internas dentro del PRO. Mientras Ritondo encabezó la denuncia y apuntó contra el oficialismo libertario, el ministro del Interior, Diego Santilli, minimizó el episodio y calificó el enojo como una “calentura del momento”. Además, defendió públicamente las designaciones al sostener que son una atribución del Congreso y no del Ejecutivo.
“No hay ningún artículo que habilite tratar un tema en extraordinarias si no figura en el decreto. Esto es inconstitucional”, había advertido Ritondo durante la sesión, al tiempo que lanzó duras críticas contra La Libertad Avanza y la conducción de la Cámara.
A pocas horas del nuevo año, el episodio dejó al descubierto no solo el escándalo por la AGN, sino también el delicado equilibrio interno del PRO, atravesado entre quienes apuestan a profundizar la alianza con el oficialismo y quienes buscan marcar límites políticos y preservar un perfil propio.
“El PRO no es cómplice de acuerdos a espaldas de la sociedad ni de atropellos institucionales”, sentenció el comunicado, en una definición que anticipa nuevos capítulos en la relación con el Gobierno y en la interna amarilla.
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