Luego de aprobarse la reforma laboral en el Congreso de la Nación,el ministro de Trabajo, Walter Correa, encabezó una reunión por videoconferencia junto a autoridades laborales de distintas provincias. La misma se realizó con el objetivo de analizar el impacto del artículo 20 de la reforma laboral.

Por su parte, también propusieron coordinar acciones en defensa de las facultades constitucionales de las jurisdicciones provinciales.

Participaron de la reunión la jefa de Gabinete del ministerio de Trabajo bonaerense, Cecilia Cecchini, el subsecretario Técnico, Administrativo y Legal, Edgar Acuña, el subsecretario de Inspección del Trabajo, Mariano Salomón, el asesor ministerial, Gustavo Mariani, y la funcionaria Lorena Pintos.

En este encuentro se dio continuidad al trabajo articulado que llevan adelante las carteras de Trabajo de las provincias que firmaron la Carta de Intención para advertir que el proyecto de reforma laboral del Gobierno nacional que avanza sobre las facultades no delegadas como es el poder de policía laboral.

Durante el encuentro, las autoridades coincidieron en la necesidad de sostener una agenda federal que garantice el respeto de las competencias provinciales y la protección de los derechos laborales.

En ese marco, el ministro Correa afirmó: “No nos vamos a correr un centímetro de nuestra Constitución ni de la defensa de los derechos de los trabajadores”. Y agregó: “La provincia de Buenos Aires tiene un mandato constitucional que garantiza los derechos del pueblo trabajador, y vamos a seguir accionando conforme a nuestra Constitución y a nuestro poder de policía laboral”.

Las autoridades destacaron la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre las provincias, en defensa del federalismo y de las facultades constitucionales que les corresponden para fiscalizar, controlar y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral en sus respectivos territorios.

El encuentro formó parte de una agenda de articulación federal que busca resguardar el rol de las provincias en la protección de los derechos laborales y el pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales.