El Gobierno nacional reglamentó los cambios en el sistema de subsidios al gas, que alcanza a 94 municipios de la provincia de Buenos Aires. La medida establece nuevas condiciones para acceder al beneficio y contempla un recargo de hasta el 7,5% para financiar el fondo.

El Gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva modificación del Régimen de Zona Fría, que podría impactar en las facturas de gas de millones de usuarios. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, reglamentó los cambios establecidos por la Ley 27.828 y redefinió las condiciones de acceso a los descuentos, además del mecanismo de financiamiento del sistema.

La medida alcanza a unos 3.350.000 hogares de todo el país, de los cuales 1.240.000 se encuentran distribuidos en 94 municipios de la provincia de Buenos Aires. Esta cifra representa aproximadamente el 20% de los usuarios bonaerenses, que podrían enfrentar mayores costos en sus facturas durante los próximos meses ante las nuevas restricciones para acceder al beneficio.

Uno de los principales cambios establece que residir en una localidad incorporada durante la ampliación del régimen ya no garantizará automáticamente el descuento. De acuerdo con la nueva normativa, los usuarios deberán cumplir requisitos adicionales para conservar las bonificaciones. En territorio bonaerense, Patagones, incorporado al sistema en 2002, mantendrá su condición dentro del régimen original.

Entre los distritos potencialmente afectados aparecen importantes ciudades como Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Junín, Pergamino, Olavarría, Azul, Chivilcoy, Mercedes, San Nicolás y Tres Arroyos. También figuran municipios turísticos de la Costa Atlántica, como Necochea, Villa Gesell, Pinamar y La Costa, además de numerosas localidades del interior provincial donde las bajas temperaturas generan una mayor demanda de calefacción.

En paralelo, la reglamentación establece que el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas se financiará mediante un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte. El adicional se aplicará al gas destinado al consumo nacional, con excepciones para las exportaciones y el gas natural licuado importado y regasificado. Cuando corresponda, el cargo será trasladado a las facturas de los usuarios finales.

Los recursos recaudados se utilizarán para compensar a las empresas proveedoras de gas natural y propano por redes, financiar las bonificaciones destinadas a los usuarios residenciales que cumplan las condiciones establecidas y sostener los subsidios vinculados con garrafas y gas licuado. La Secretaría de Energía será la encargada de determinar las compensaciones, mientras que el organismo regulador controlará la información de las distribuidoras y ARCA fiscalizará la recaudación.

Finalmente, el Banco Nación continuará como administrador fiduciario del fondo, cuya vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2031. El decreto aclara que los cambios no implican la creación de un nuevo instrumento financiero, sino la continuidad del existente bajo otras condiciones. De esta manera, el nuevo esquema abre un escenario de incertidumbre para miles de familias bonaerenses que hasta ahora contaban con descuentos en sus consumos de gas.