Los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez comenzarán a ser juzgados mañana en la provincia de Córdoba por el fusilamiento de presos políticos de la Unidad Penitenciaria San Martín, hechos ocurridos entre abril y octubre de 1976.

Alrededor de una treintena de presos políticos, privados de la libertad antes del golpe de Estado bajo los cargos de promover actos subversivos, fueron fusilados fraguando fugas para justificar sus ejecuciones.

Las víctimas fueron detenidos antes del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1974, luego de que fueran sindicados como infractores a la Ley Antisubversiva 20840.

Los detenidos estaban a disposición del Poder Judicial y tras la toma del poder por parte de los militares esa disponibilidad pasó a ser compartida con la Junta Militar.

Este expediente, conocido como ‘UP1` o ‘Alsina Gustavo Adolfo` tiene como principales imputados a Videla y Menéndez, a lo que se suman otros 23 represores como responsables de los delitos de ‘homicidio calificado, tormentos agravados y tormentos agravados seguidos de muerte`.

Videla se encuentra alojado en la unidad penitenciaria provincial de Bouwer a la espera del juicio que comenzará mañana a las 9.30 en la sede de los Tribunales Federales, ubicado en el sector sur de la ciudad mediterránea.

Este proceso de enjuiciamiento suma una segunda causa, denominada ‘Gontero` o ‘Urquiza` y tiene a 6 víctimas y 6 imputados por los delitos de ‘privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados` cometidos por miembros del Departamento de Informaciones Policiales (D2) y que tiene como principal acusado a Menéndez.

El Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) tiene a cargo el enjuiciamiento y está integrado por Jaime Díaz Gavier, Carlos Lazcano y José Pérez Villalobo, en tanto que como cuarto juez fue designado Carlos Arturo Ochoa.

Los fiscales Maximiliano Hairabedián y Carlos Gonella tienen a cargo la parte acusatoria de las dos causas de este proceso.

Después de la apertura de mañana, el debate se desarrollará entre los días martes y jueves y, según las estimaciones de las distintas partes, el juicio podría extenderse hasta fin de año, dada la magnitud de los hechos a juzgar.

Las distintas agrupaciones de los Derechos Humanos, miembros de otras agrupaciones sociales y estudiantiles se autoconvocaron para las primeras horas de mañana, frente a Tribunales Federales, a los efectos de manifestar su apoyo a este tercer juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba.