02/12/2011 - 19:00hs.
En entrevista con Agencia CNA, Ricardo Lovera, vecino autoconvocado de Tinogasta, Catamarca, aseguró que "estamos azotados por empresas y por gobiernos que nos dejan completamente abandonados en cada uno de los lugares donde se quieren asentar los emprendimientos mineros"
Corre la siesta en el oeste de Catamarca. El calor, inclemente, castiga a quienes se le animan. En la pared de una casa, una inscripción que nadie borró: "Tinogasta está de pie".
"Estamos azotados por empresas y por gobiernos que nos dejan completamente abandonados en cada uno de los lugares donde se quieren asentar los emprendimientos mineros", prologó, en entrevista con Agencia CNA, el vecino autoconvocado Ricardo Lovera.
Catamarca se ha convertido, en los últimos años, en una de las principales provincias en las que colectivos de vecinos bregan por la autodeterminación de los pueblos. El núcleo de su demanda es que se respete el artículo 41 de la Carta Magna: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales".
El hecho fundacional de la asamblea de vecinos autoconvocados: el intento de radicarse por parte de una empresa que quería extraer uranio a 13 kilómetros de la plaza central de Tinogasta. "Nos querían imponer un emprendimiento minero dentro del patio de nuestra casa", graficó el asambleísta.
En esa oportunidad, en diciembre de 2007, los tinogasteños propusieron llevar adelante una consulta pública, la cual fue anulada por la Suprema Corte provincial. 7 mil, sobre una población que ronda los 16 mil habitantes, coparon las calles locales a grito alzado contra esta actividad extractivista, considerada el vellocino de oro moderno por los gobiernos provinciales.
Los autoconvocados criticaron al gobernador Leopoldo Brizuela del Moral cuando otorgó un permiso a una empresa para que explore el norte del departamento de Tinogasta, donde hay glaciares y es zona declara área protegida. Lovera fue concluyente: "los gobiernos violan permanentemente la Constitución Nacional en busca de beneficiar a las grandes empresas".
Respecto de la ley de Protección de Glaciares, el asambleísta consideró que "está bien hecha. Pero no se la quiere poner en práctica. Se dejó pasar el tiempo y no se realizó el inventario de los glaciares. Por presiones la primera vez se la vetó. La segunda llevó a que no se hiciera el inventario".
Finalmente, el entrevistado se refirió a las múltiples consecuencias de la megaminería a cielo abierto sobre la geografías catamarqueña: "primero, las empresas manipulan y presionan a los gobiernos para que modifiquen la estructura legal para poder instalarse. Segundo, el avasallamiento de las comunidades que lleva al empobrecimiento de las comunidades, a las que se les quita la asistencia en la educación, en la seguridad, social. Vienen como salvadoras a prometer trabajo, en zonas que empobrecen ya que quitan la estructura productiva. Finalmente, las consecuencias sobre el agua, la salud y el medio ambiente. Al final quedan las consecuencias del cierre de las minas, que es el desgaste más grande".
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