La Procuración General de la Nación a cargo de Alejandra Gils Carbó envió a la Corte Suprema el dictamen donde sostiene que la reforma del Consejo de la Magistratura es constitucional. 

La procuradora Gils Carbó resolvió que "la elección popular y el incremento de miembros del Consejo representan una interpretación válida de la Constitución Nacional". 

La funcionaria se expidió de igual manera para las dos presentaciones que llegaron vía "per saltum" al máximo Tribunal: la del titular del Colegio Pública de Abogados y representante de la lista 3 "Gente de Derecho", Jorge Rizzo, y la del apoderado del Partido Demócrata Cristiano, Carlos Lionel Traboulsi.